Por Ilda Álvarez
abogada

Finalmente, luego de una larga espera, fue designado el director ejecutivo de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad). Su importancia radica, sobre todo, en el difícil estado que atraviesan las personas con discapacidad, en especial aquellas que sólo cuentan con una pensión no contributiva como único ingreso, y que además a través de esa pensión acceden a las prestaciones de discapacidad establecida por la ley 24.901, mediante el programa Incluir Salud.

El 29 de enero fueron presentadas oficialmente sus autoridades: el doctor Claudio Espósito, abogado especialista en discapacidad y derechos humanos, será director ejecutivo de la Agencia. Fue designado como director adjunto el licenciado Fernando Galarraga, periodista, dirigente de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (Faica) y de la ULAC, preside además la Comisión de Discapacidad de la CTA. Las designaciones fueron bien recibidas por organizaciones y referentes de todo el país, dado que se trata de personas con experiencia, con conocimiento, y que vienen trabajando desde distintos ámbitos para y por las personas con discapacidad.

Ya tuvieron encuentros con instituciones, federaciones de prestadores, transportistas y profesionales del Programa Federal Incluir Salud, a quienes se les adeuda el pago de las prestaciones que brindaron y que, de no saldarse, ponen en riesgo su continuidad. Son prestadores que han trabajado a lo largo del país y que no han cobrado aún por su trabajo.

El Dr. Espósito manifestó su preocupación por “una deuda que llegaría a ocho mil millones”, entendiendo que se trata de “una situación crítica”, ante lo cual indicó que se saldaría la deuda a medida que se reciban las partidas correspondientes.

La Andis recibiría una partida de $2.000 millones para iniciar el pago inmediato de lo adeudado, y ante la crisis planteada se esperan las siguientes partidas a fin de integrar el total de la deuda. A través de la Res. 08/2020, sobre Pensiones No Contributivas por invalidez, la Andis flexibilizó las condiciones para su otorgamiento, resultando más accesible para las personas con discapacidad.

Se dejó sin efecto el Certificado Médico Obligatorio Digital, que había sido impuesto por la gestión anterior para recibir/validar las pensiones no contributivas. Se deroga la Resolución 44/2019 Andis, que así lo había establecido.

Se establecen nuevos criterios de determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad de las peticiones para su otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad (Sustituye la Res. 76/2019 Andis).

Se ordena, además, revisar los convenios con las provincias de Incluir Salud. La mayoría de las personas con discapacidad que perciben las pensiones pertenecen a la franja social más vulnerable económicamente, y es el Estado quien debe brindar la accesibilidad a sus derechos. El colectivo celebra esta resolución y espera su implementación. 

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