Una jueza de Misiones hizo lugar a una medida cautelar presentada por asociaciones de yerbateros y suspendió un capítulo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que desregula la actividad e interviene con las prestaciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial N°8 de Posadas, Adriana Fiori, aceptó el recurso de amparo para que “no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate”.

El DNU que lleva la firma del presidente Javier Milei pone en riesgo la prestación de la obra social que atiende a productores yerbateros que están registrados en el ente. El pedido había sido presentad por asociaciones de productores, con el fin de defender a los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad y garantizar el derecho fundamental a la salud.

Los productores alegaron que está en riesgo “cierto e inminente el derecho a la salud de miles de productores yerbateros y sus familias”, como beneficiarios del Convenio de Cobertura de Salud Integral celebrado el 20/04/22 entre el Gobierno de la Provincia y el INYM.

El beneficio de la obra social para los productores había quedado en duda a partir de la entrada en vigor del DNU, porque deja sin efecto la intangibilidad de los recursos del INYM, de los que depende el financiamiento de la obra social.

Además, le quita al organismo la potestad para registrar a los productores y de esa forma identifica a los beneficiarios de la obra social.

Entre los fundamentos, la magistrada sostuvo que "se acredita el riesgo serio e inminente de que, durante el período de feria judicial, miles de pequeños productores yerbateros y sus familias puedan ver menoscabado, afectado, alterado y frustrado su derecho a la salud, previsto en los artículos 33, 42 y 75 de la Constitución Nacional".

El beneficio de la obra social para los productores había quedado en duda a partir de la entrada en vigor del DNU.

Y agrega que "esto producirá un daño de características irreparables, determinando ello que, en el caso, se configuran plenamente las circunstancias excepcionales y las razones de urgencia que justifican la habilitación de la feria que se solicita".

El DNU 70/2023 degrada al Instituto Nacional de la Yerba Mate quitándole funciones como la fijación de precios o el registro de plantaciones, pero también otros aspectos de su funcionamiento que afectarían convenios.

La media judicial fue pedida por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn), la Asociación Chimiray, la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay, la Casa de la Familia Yerbatera, el Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA) y la Asociación Civil Agrícola, Ganadera y Forestal de la Zona Sur (AAGyFSur).