La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investiga las responsabilidades de la tragedia naval más grande de los últimos tiempos habló en el segundo aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, y de las próximas indagatorias a integrantes de la Armada, así como también de la disolución de la bicameral en el Congreso. Además, confirmó que, por ahora, el submarino se queda donde fue encontrado. 

En el marco de este segundo aniversario de la explosión del submarino Ara San Juan, la jueza que investiga las responsabilidades de la tragedia que terminó con la vida de cuarenta y cuatro personas, desde su despacho del Juzgado Federal de Caleta Olivia, en horas de la mañana, emitió un comunicado con el resumen de la causa.

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En un texto que anexa el saludo del Poder Judicial de la Nación a las familias de las víctimas, se hace un racconto de las 4.600 fojas que existen hoy en el expediente de 24 cuerpos, más de 100.000 hojas de documentos reservados, los resultados de nueve allanamientos, las testimoniales de un centenar de personas, incluidos ex tripulantes del submarino que se hundió en las aguas del Golfo San Jorge, que unen a Santa Cruz con Chubut.

“Es un día muy especial para todos, desde el Juzgado estamos transmitiendo un parte informativo con el estado de la acusa además de acompañarlos con un saludo formal”, arrancó Yáñez, en la entrevista que otorgó al medio La Opinión Austral, en la que además agregó: “estamos en grado de poder achacar presuntas responsabilidades, y como saben han concurrido a la fecha alrededor de cinco marinos, cuatro de los cuales se negaron a declarar, y quien lo hizo fue el capitán de navío Claudio Villamil”.

Asimismo, contó que a partir de esa circunstancia “están debidamente notificados Martín Garros, jefe de Operaciones del Comando de Alistamiento en la base de Puerto Belgrano y el contralmirante Enrique López Mazzeo, citados para la semana que viene”.

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Yáñez cree que “el único homenaje que podemos rendir a los cuarenta y cuatro tripulantes es el trabajo diario”, y recordó que a lo largo del proceso tuvo que enfrentar medidas complejas, como el entrecruzamiento de llamadas de señales satelitales y la des-encriptación de las cientos de imágenes que tomó el Ocean Infiniti, que luego necesitaron de una traducción que demandó tiempo y personal especializado.

“Siempre lo llevamos adelante sin tener asesoramiento, porque cualquier asesor hubiera tenido alguna vinculación con la Armada”, porque “es la única que cuenta con submarinos, por eso hemos procurado objetividad, independencia y transparencia”, definió.

La jueza caletense insistió con su particular interés sobre la causa y un hecho que generó conmoción pública y que eventualmente desnudará las responsabilidades políticas de las muertes, tal como lo reclaman los familiares. De tal modo, remarcó: “siempre tomé yo los testimonios, nunca he delegado una audiencia de submarinistas en actividad, personal que navegó en otros tiempos, que está retirado y que fue muy importante haber escuchado por su adiestramiento en épocas en las que la Argentina tenía más recursos”.

Así las cosas, Yáñez adelantó: “estamos a la espera de citar a nuevas indagatorias sin precipitarnos en el marco de las atribuciones de las querellas y las defensas que vaya a planear sus estrategias”.

Aun así, con todo lo recabado llegará el momento de decidir el grado de responsabilidades con “aquello que sea mi firme convicción”, ya sea para “procesar, sobreseer o dictar la falta de mérito”, pero que mucho depende de lo que declaren los próximos citados, sobre quienes prefirió no adelantar opinión, pero sí marcar que “ser indagado en una causa que se llevó la vida de cuarenta y cuatro marinos es muy pesado”.

La magistrada puso el foco sobre lo que se investiga y que es quién autorizó que saliera el Ara San Juan, “a quién le tocaba hacer cada cosa en cuanto a la reglamentación de la Armada, que por cierto es muy profusa”.

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Consultada respecto de cuándo cree que podría conocerse una fecha de elevación a juicio, Yáñez dijo que tal cosa es “impredecible”, porque cuando ella acuse seguramente la Armada va a apelar y el caso será revisado por camaristas de Comodoro Rivadavia o incluso llegar a Casación.

Sin embargo, cuando finalmente el juicio tenga lugar, será en el tribunal federal de Río Gallegos.

“Para mi gusto la instrucción la hemos hecho bastante rápido de acuerdo a la complejidad del caso”, lanzó más tarde la jueza que el domingo se enfrenta a otra fecha significativa, cuando se cumpla un año de la aparición de los restos del submarino argentino, que, por lo pronto, “se queda en el lugar donde lo encontramos”, a más de 900 metros de profundidad, y sobre el cual dispuso medidas de protección.

Finalmente, explicó que no tiene diálogo alguno con los actores de la Comisión Bicameral que se instauró en el Congreso para elaborar el informe que estableció las responsabilidades del Gobierno de Mauricio Macri en la tragedia.

“Yo les dije que a cada uno les correspondía un ámbito de investigación distinto, y ellos se propusieron buscar responsabilidades políticas. Tan pronto como hicieron el dictamen se disolvió la bicameral”, cerró la jueza, que al día de hoy continúa entregando a las familias de las víctimas los efectos personales que recuperaron de las distintas dependencias de la Base Naval de Mar del Plata.

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