En un plan para restituir la paz en El Salvador y librarla de las maras y bandas criminales, la justicia local condenó a un hombre a 1.310 años de prisión y a otro a 945 años, tras declararlos culpables de decenas de asesinatos, entre otros delitos, y de pertenecer a una pandilla (organización criminal regional).

“A 1.310 años de cárcel fue condenado el pandillero Wilmer Alexander Segovia Téllez”, reportó la Fiscalía General de la República (FGR) en Twitter.

En tanto, el organismo detalló que Segovia es “culpable de 33 homicidios, nueve proposiciones para cometer homicidio, un intento de asesinato, dos extorsiones y varios delitos más”.

Cabe destacar, que en el mismo juicio, celebrado en un tribunal de la ciudad de San Miguel, a unos 140 kilómetros al este de San Salvador, otro hombre identificado como Miguel Ángel Portillo fue sentenciado a 945 años de cárcel.

Portillo fue hallado culpable de 22 asesinatos, cuatro proposiciones para cometer homicidio y otros delitos. Cabe destacar, que tanto Segovia como Portillo eran miembros de la Mara Salvatrucha, la mayor pandilla, como se denomina en varios países de Centroamérica a las organizaciones criminales.

“Permanecerán encerrados hasta que paguen por cada uno de sus crímenes, nos ocuparemos de eso”, afirmó el fiscal general, Rodolfo Delgado, también en Twitter.

Hay que resaltar que desde el 27 de marzo del año pasado, cuando la Asamblea Legislativa (parlamento) aprobó un régimen de excepción, más de 64.000 presuntos pandilleros fueron arrestados en El Salvador como parte de una ofensiva del gobierno contra las organizaciones criminales que controlaban gran parte del territorio nacional.

En su lucha por desintegrar a las organizaciones pandilleras, es que se construyó un imponente CECOT para recluir a buena parte de los poco más de 64 mil pandilleros detenidos hasta el momento bajo el régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido del presidente de la nación, Nayib Bukele, en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de docenas de personas. 

Lo cierto, es que el presidente inauguró el centro carcelario a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que el mismo "se constituiría en la cárcel más grande de toda América" y que "sería imposible que salga un reo" del recinto que ocupa 23 hectáreas.

Cabe destacar, que los ocho pabellones que compondrán el edificio tendrán capacidad para 2.500 internos cada uno, y en cada una de sus celdas se alojarán más de cien pandilleros, de acuerdo a Rodríguez. Además en cada pabellón existen las "celdas de castigo", oscuras y sin ventanas, que serán utilizadas con los detenidos de mala conducta. "No se han construido patios, áreas de recreación, ni espacios conyugales", por lo que los pandilleros solo saldrán de la celda cuando vayan a una sala para su proceso judicial virtual, aclararon las autoridades.

La construcción de esta megacárcel se dio entre críticas de la oposición que señaló falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltearse los controles acostumbrados en las obras estatales.