A veinte años del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, avanza el juicio político contra los tres fiscales que intervinieron en la investigación, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, en medio de reclamos de la familia por los errores que se cometieron durante la investigación del asesinato.

Marcelo y Facundo Macarrón, viudo e hijo de Nora, aseguraron que el accionar judicial fue el principal impedimento para hallar al culpable y afirmaron que la falta de una resolución del crimen es una forma de revictimización constante.

La familia describió el tiempo transcurrido desde el crimen como 20 años de impunidad, marcados por una persecución que inicialmente se centró en figuras ajenas al hecho, como el pintor Gastón Zárate, y luego en los propios integrantes del círculo familiar. 

Según los Macarrón, esta estrategia permitió que las pruebas perdieran validez procesal. Facundo brindó una entrevista en la que se quejó por la demora en la instrucción: "Por el paso del tiempo, la causa contra el principal acusado con prueba de ADN, que es Roberto Bársola, está prescripta. No se lo puede ni siquiera detener, menos condenar". 

Y agregó: "Este desenlace es la prueba más contundente del fracaso judicial. Cuando la justicia persigue a inocentes, no es justicia".

Para el joven, este escenario representa el fracaso de la gestión judicial. La familia atribuye las irregularidades a una combinación de falta de capacidad y ausencia de voluntad para resistir presiones. Facundo afirmó que los fiscales actuaron "por cobardía y porque hasta el día de hoy se creen impunes". 

Pese al tiempo transcuriido, el enojo de Facundo persiste: "Deseo que alguna vez sufran en carne propia lo que nos hicieron vivir a nosotros. Que hagan una autocrítica, nunca la hicieron". 

"Tenés un violador y un asesino suelto. Yo creo que no va a haber justicia completa por mi vieja si estos tipos no son destituidos", añadió el joven.

Por su parte, Marcelo Macarrón aseguró: "A mí me largaron a los leones con mi hijo. A los leones me largaron. La justicia cordobesa".

La familia insiste en su derecho a conocer la verdad de los hechos, independientemente de los resultados procesales actuales. Facundo subrayó que el acceso a la información sobre el crimen de un familiar directo no debe considerarse una concesión, sino un derecho básico que les fue negado sistemáticamente. 

Durante el proceso, la defensa de los Macarrón también denunció que la investigación estuvo viciada por prejuicios discriminatorios. Facundo reveló que el entorno del fiscal Di Santo utilizó su orientación sexual para construir una hipótesis de conflicto con su madre, sometiendo a sus amistades a interrogatorios bajo presión. 

Al respecto, el hijo de la víctima recordó que fue forzado a exponer su vida privada en un contexto de vulnerabilidad. "La base del fiscal Di Santo y de todos los fiscales fue el prejuicio, nunca una prueba", señaló.

Asimismo, los Macarrón sostienen que el Poder Judicial tiene en este jury la última instancia para corregir los errores cometidos y sancionar a quienes permitieron que el crimen quedara sin castigo. Marcelo destacó que, a pesar del tiempo transcurrido, nunca recibió un pedido de disculpas por parte de los funcionarios señalados. 

Consideró que dicho gesto sería un reconocimiento necesario ante lo que calificó como una "persecución policial" que alteró para siempre la dinámica de su familia. 

Por último, el viudo remarcó el impacto que el tratamiento del caso tuvo en la imagen de su esposa, criticando las construcciones discursivas que circularon en torno al hecho. 

A pesar de la dificultad para procesar el evento, la familia define hoy lo ocurrido técnicamente como un femicidio. El proceso contra los fiscales continúa en desarrollo, mientras la familia Macarrón mantiene su postura de que no habrá un cierre real sin la destitución de quienes, a su criterio, garantizaron la libertad del responsable mediante la impericia y la omisión.