La Justicia de la provincia de Salta imputó a ocho presos y una mujer por formar parte de una banda dedicada a la venta droga, a gran escala, dentro del Complejo Penitenciario Federal de Güemes.

Según informó el sitio fiscales.gob.ar, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, procesó a los acusados con prisión preventiva y destacó que el caso es de “extrema gravedad” por la supuesta “complicidad” de algunos integrantes Servicio Penitenciario.

En tanto, la auxiliar fiscal Roxana Gual apuntó contra los guardias al sostener que “bajo sus narices la droga corre de un extremo a otro del penal”

Los reclusos fueron trasladados a otras unidades, ya que la fiscalía había solicitado que no regresen al penal para evitar un posible entorpecimiento de la investigación y quedaron imputados por el delito de “comercialización de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por ser cometido en un centro de detención”.

Rubén Ángel Rodríguez, alías “El Patrón”, se encuentra sindicado como el aparente cabecilla de la organización, al tiempo que los coautores son Marcelo Javier Fragapane, Rodrigo Alejandro Villarreal, Franco Emanuel Chaile, Ezequiel Maximiliano Toledo (a quien no se le constataron vínculos con los demás implicados), Eusebio Juan Antonio Bilaja (cumplía arresto domiciliario), Miguel Hernán Olmos y César Eduardo Costa.

Por otra parte, Analía Ivana Astigueta, pareja de Rodríguez, fue capturada en la ciudad de Orán, en calidad de coautora.

La magistrada, además, ordenó que se realicen distintas pericias a teléfonos celulares incautados y estableció el levantamiento del secreto bancario de los involucrados, mientras que pidió que se congelen las cuentas bancarias de Astigueta y otros reos.

Los presos presentan distintos antecedentes penales. Rodríguez cumple una pena de ocho años de cárcel por transporte de estupefacientes agravado; Olmos está detenido por tenencia de drogas con fines de comercialización y cumple una sanción de cuatro años y seis meses; Chaile fue sentenciado a tres años por transporte de estupefacientes; Villarreal fue condenado a una pena de tres años por robo y hurto; Toledo cumple una pena de 10 años de prisión por secuestro extorsivo doblemente agravado, en perjuicio de un empresario del transporte local.

En tanto, Fragapane recibió el 30 de enero de 2024 una pena siete años y siete meses de prisión por transporte de estupefacientes y Acosta enfrenta un juicio pendiente en una causa por infracción a la Ley de Drogas, a la vez que Bilaja está condenado a 6 años y 6 meses de prisión por transporte de estupefacientes agravado.

Al presentar el caso, los fiscales destacaron que la investigación tuvo como punto de partida la fuga protagonizada el 1° de enero de 2024 por Cristián Ruiz Díaz, un condenado por narcotráfico del conurbano bonaerense. 

El interno huyó del penal federal con un alicate que empleó para abrirse paso por los alambrados perimetrales. Luego -con apoyo externo- escapó por la parte posterior, sin que hasta el momento haya sido recapturado.

Para la fiscalía, tanto en esa fuga como la venta de droga interna y la gran cantidad de celulares incautados a los internos -más de 250 desde que se inició el caso- solo se explica con la “complicidad” no solo de personal sino también de los “jefes” del SPF a cargo de esa unidad.

En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició las actuaciones preliminares el 6 de febrero de 2024, las que avanzaron con una serie de prórrogas debidamente fundadas y autorizadas por la jueza Giménez hasta el 1° de abril pasado, cuando se pudo individualizar a los presuntos integrantes de la organización narcocriminal que operaba a gran escala dentro del penal.