La enfermera que permanece como única detenida por las muertes de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la ciudad de Córdoba, declaró en el  marco de la causa que investiga los hechos.

Se trata de una mujer identificada como Brenda Agüero, quien sostuvo su inocencia este miércoles ante el fiscal Raúl Garzón.

Según trascendió, la acusada aseguró que es “inocente” y afirmó que "alertó sobre pinchazos en manos de bebés el año pasado".

La indagatoria fue realizada de manera presencial en el edificio de Tribunales II de la provincia y se extendió por varias horas.

 

 

En ese marco, la imputada por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso” negó la autoría y dijo que las autoridades del Hospital Neonatal "estaban al tanto de la situación" desde 2021.

El abogado defensor Luis Pareja dio detalles y explicó que su representada "brindó en forma exhaustiva un claro y manifiesto cuadro generalizado de conocimiento dentro del hospital de la situación. Con todo esto siempre hubo una actitud de encubrimiento y ocultamiento".

El letrado advirtió que en sus dichos ante la Justicia, la enfermera de 27 años "justificó y acreditó su falta de participación respecto a los dos hechos por los cuales se la acusa".

“El primer hecho no es sólido y el segundo hecho es aún más indeterminado, impreciso. Todo está basado en el registro laboral, la coincidencia de los días de trabajo de mi defendida con los días en que hubo muertes o problemas más algún señalamiento no individualizado de un testigo, algo muy endeble”, puntualizó Pareja.

 

 

Agüero está detenida desde el 19 de agosto pasado y se encuentra alojada en el penal de Bouwer.

Los abogados tendrán acceso al expediente cuando declaren las otras tres personas imputadas por las muertes en el Neonatal. Se trata de la exdirectora, Liliana Asís; la exjefa de Neonatología, Martha Gómez Florez; y la médica Adriana Moralez, quien tenía a su cargo el área de Seguridad y Calidad de Servicio.

Mientras tanto, las madres, padres y familiares de los bebés fallecidos se movilizaron ayer por la tarde en pleno centro de la capital cordobesa, para exigir “justicia” y “cambios en las políticas de salud que garanticen la vida de los recién nacidos”.

 

Cómo empezó la investigación

La investigación judicial se conoció el 11 de agosto último, a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.

 

 

De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.

Los informes periciales preliminares determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

La semana pasada el fiscal Iván Rodríguez fue designado para iniciar una nueva investigación que determine si tres funcionarios públicos tenían conocimiento previo de “los pinchazos” que sufrieron los bebés que luego murieron el Hospital Neonatal y no denunciaron los hechos en el momento.

Así lo refirió Rodríguez en ese entonces en rueda de prensa, donde puso en conocimiento las características de esta nueva investigación que inició de oficio el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, y negó que vaya en paralelo con la causa que investiga exclusivamente los motivos y responsabilidades directas por la muerte de cinco bebés entre marzo y junio pasado, que lleva adelante el fiscal Garzón.

 

“No es una investigación paralela, no es una investigación de la primera investigación, y tampoco es una investigación de una eventual línea política o responsabilidades funcionales que pueda haber en relación a los otros hechos que se investigan que son las muertes y lesiones de bebés en el hospital”, aclaró rápidamente Rodríguez.

En ese sentido, reforzó: “Esta investigación se circunscribe a determinar si los funcionarios públicos que han sido objeto de esta remisión de antecedentes, han incurrido -o no- en alguna conducta delictiva”.

El fiscal investigado es Guillermo González, además de un funcionario del Poder Ejecutivo y un integrante del equipo forense del Poder Judicial, desatacó Rodríguez, de quienes no aportó sus nombres.

En su charla con la prensa, el fiscal argumentó: “En rigor de la pieza que a mí se me remite surge y es objeto de investigación si uno de ellos tenía conocimiento que había niños que presentaban pinchazos y que no tenían una explicación médica en principio”.

 

 

Rodríguez resaltó que no “puede afirmar” que alguno de esos funcionarios tuvieran conocimiento de las muertes de bebés, aunque destacó “no lo estoy negando si luego se establece, pero tampoco lo puedo afirmar en ese momento”.