Daniel Cesari Hernández, el juez penal que investigaba la desaparición de Sofía Herrera, la niña vista por última vez en Tierra del Fuego en 2008 cuando tenía 3 años, fue suspendido del cargo por el Consejo de la Magistratura de la provincia por una acusación de “maltrato” y “negligencia” en el ejercicio del cargo. El magistrado que se encontraba al frente de la investigación desde 2017 fue notificado en las últimas horas de una “suspensión preventiva” dictada mientras se le sustancia un jury de enjuiciamiento. Las acusaciones contra Cesari Hernández habían sido expuestas el 17 de marzo de este año por parte de dirigentes de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) durante una reunión mantenida con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume.

Según los denunciantes, el juez de la causa no solo maltrataba a los empleados del juzgado, sino a funcionarios de otras reparticiones e incluso a víctimas de los delitos que investigaba. A raíz de ello, el titular de la Corte provincial giró las actuaciones al fiscal mayor de la ciudad de Río Grande, Martín Bramatti, quien inició una causa penal contra el magistrado que todavía se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº3 de esa ciudad, a cargo de la jueza Cecilia Cataldo. Cuando el caso llegó al Consejo de la Magistratura, el fiscal Abdo González Saber terminó acusando a Cesari Hernández de “mala conducta e inhabilidad moral sobreviniente”, por “cometer maltrato tanto a justiciables, entre ellos presuntas víctimas, como a empleados y funcionarios pertenecientes al juzgado o ajenos a él, como peritos y policías”. Además, el fiscal entendió que el juez actuó con “morosidad y negligencia reiterada en el cumplimiento de sus funciones”, generando “acumulación de causas y demoras en el proveimiento como consecuencia de la deficiente organización laboral que implementó”.

Por otra parte, también se lo acusó de “mala conducta” por “pretender modificar conclusiones periciales”, según se desprende del acta 611 del Consejo de la Magistratura. Por todo ello, y a raíz de las “declaraciones testimoniales y otras pruebas” acumuladas en la causa penal, el Consejo decidió en las últimas horas la suspensión del magistrado en “carácter de medida preventiva”, junto con la “prohibición de acercamiento hacia los testigos de la causa”. Mientras prepara su defensa en el jury, el juez dejará su puesto y cobrará “el 60% de su salario”, según detalla la resolución judicial. Cesari Hernández se había hecho cargo de la investigación por la desaparición de Sofía Herrera en agosto de 2017 y desde entonces había encarado una revisión completa del expediente. A partir del testimonio de otro niño que estuvo presente cuando desapareció Sofía, el juez llegó a la pista de José Dagoberto Díaz Aguilar, apodado “Espanta la Virgen”, un hombre de nacionalidad chilena y costumbres nómades sospechoso de haberse llevado a la niña desde el camping en el que fue vista por última vez, en septiembre de 2008. Sin embargo, las autoridades argentinas y chilenas nunca lograron dar con el sospechoso, que sigue prófugo.

 La última intervención de Cesari Hernández en la causa que tomó notoriedad fue su negativa a ordenar un examen de ADN compulsivo a una joven “de gran parecido físico con Sofía” encontrada en la provincia de San Juan, medida que hasta hoy sigue siendo solicitada por María Elena Delgado, la madre de Sofía. El juez entendió que la prueba genética no es necesaria porque tanto la documentación agregada al expediente como distintas medidas de prueba ordenadas desde marzo de 2022 “descartan” que se trate de Sofía.

Delgado nunca tuvo una buena relación con Cesari Hernández y se quejó de la inacción del juzgado.  “Yo veía que la causa estaba muy parada. Se trabajaba sólo a partir de los datos enviados por la gente. Y lo hacía la policía. Le pedí que se volviera al camping y contestó que no. Ojalá que un nuevo juez tenga mejores ideas para continuar la búsqueda”, dijo ahora la mujer en diálogo con Télam.

La familia Herrera salió con amigos a pasar un domingo de esparcimiento en el camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande, el 28 de septiembre de 2008. María Elena, su marido Fabián y Sofía se detuvieron en un supermercado a comprar comida y luego en una estación de servicio donde se encontraron con Noemí Ramírez y Silvio Giménez, quienes a su vez estaban con sus hijos de 2 y 9 años.

El grupo llegó al camping situado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3, en dos autos que estacionaron cerca del camino. El lugar, un paraje casi desértico, es un rectángulo de 15 hectáreas cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos, el primero de púas. Sofía se separó por unos instantes de sus padres y desde entonces nadie volvió a saber de ella. El caso se convirtió en un ícono de la desaparición de personas en el país, que motivó la elaboración de un protocolo de emergencia para situaciones similares (llamado Alerta Sofía) y llevó a las autoridades nacionales a poner en funcionamiento una línea telefónica exclusiva para recolectar datos (0800-222-7634).