- ¿Cómo han impactado en la sociedad los casos de Chocolate y de Rubio?

-"En lo que respecta a Chocolate, sin dudas, marcó un antes y un después, por el impacto que tuvo tanto en la sociedad como en la Justicia. Me arriesgaría a decir que fue la primera vez en este país que se llevó a juicio oral y público una causa de maltrato animal en lo que fue un debate histórico. El desempeño de la doctora Gretel Monserrat y su equipo fue magistral, se obtuvo un fallo favorable con el máximo de la pena que prevé la ley 14.346 e importantes accesorias. Con respecto al caso Rubio, tengo entendido que la causa está avanzando; lamentablemente, los tiempos de la Justicia no son los que todos quisiéramos, pero confío en que los resultados serán positivos".

-¿Las penas desde lo legal son abarcativas de cada caso o deberían tener un alcance mayor?

-"La actual ley 14.346 sobre maltrato y crueldad animal, conocida como Ley Benítez, prevé penas desde 15 días hasta un año de prisión para quien hiciere víctima de estos actos a los animales no humanos. De esto se desprende la necesidad de una urgente reforma a esta ley, para que no sólo prevea penas más altas, sino que también incluya nuevos tipos penales en referencia, por ejemplo, al abandono, la zoofilia, la tracción a sangre y la experimentación, entre otros temas".

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-La comprobación del delito, cuando no hay testigos, ¿complica en algún momento la resolución judicial?

-"Como en toda causa judicial, los elementos probatorios que se arrimen ayudarán al esclarecimiento del hecho y a la celeridad del proceso. En el momento de presentar estos casos ante la Justicia se debe incluir todo medio de prueba con el que se cuente: testigos, fotos, filmaciones, informes veterinarios, necropsias en los casos en los que se produzca el deceso del animal no humano, etcétera. La función del fiscal es muy importante, al igual que la del querellante, en muchas ocasiones en cabeza de ONG habilitadas por su estatuto en pro de la protección animal a constituirse como tal. Ambos deben desempeñar un rol activo en la producción de prueba, que, como vimos en el caso Chocolate, puede ser también indiciaria. Por lo cual, que no existan testigos no es un impedimento para comprobar que hubo maltrato y crueldad animal y, por ende, llegar a una sentencia favorable".

-¿La Constitución argentina debería ampliar o especificar todo lo referente al maltrato animal?

-"En lo que respecta a nuestra Carta Magna, actualmente en su artículo 41 establece obligaciones de las autoridades en cuanto a la protección de la biodiversidad, por la cual existen ciertos recaudos a nivel constitucional en cuanto a los derechos de los animales no humanos como parte de esa diversidad biológica. No obstante, no se refiere a ellos como sujetos de derechos, sino, de algún modo, como parte del medio ambiente que se busca proteger en el mismo artículo. Por lo que sería un gran avance que nuestra ley fundamental amplíe estos derechos y especifique que los animales no humanos son seres sintientes, sujetos de derechos".

-¿Existe una estadística sobre la cantidad de animales maltratados en nuestro país?

-"No hay datos oficiales concretos a nivel país en una única base de consulta, pero sí registros de la Justicia sobre las denuncias y causas que llegan a ella. Es importante destacar que progresivamente se han ido creando fiscalías especializadas en maltrato animal que investigan este tipo de delitos. En tanto, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contamos con la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente (Ufema), a cargo del doctor Blas Matías Michienzi, quien cumple un rol fundamental en el tratamiento de estos casos. Según estadísticas de esa fiscalía sobre las denuncias ingresadas por maltrato y crueldad contra animales, se han registrado aproximadamente 562 casos durante el año 2016, unos 780 en 2017, 975 en 2018 y unos 1.470 casos en lo que va de 2019. Estos representan entre 65 y 70% de las denuncias que ingresan en esa fiscalía".