La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por la violación y asesinato de la joven Micaela García, de 21 años, por “defectos en materia de abordaje de violencia de género su perspectiva”. Otro de los casos policiales más impactantes de la jornada.

Se trata del del femicidio que justamente derivó en la sanción de la llamada “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en materia de violencia de género para todos los funcionarios públicos.

Néstor Pavón volverá a ser juzgado por un jurado popular como coautor del hecho, tras el fallo de la Corte. En septiembre de 2020, Pavón, quien había sido condenado a cinco años de prisión por encubrir el femicidio, quedó  libre.

El 1 de abril de 2017 en Gualeguay desapareció Micaela. Una semana después su cuerpo fue encontrado sin vida. La autopsia reveló que había sido víctima de un ataque sexual. Por este hecho fueron llevados a juicio oral Sebastián José Luis Wagner, Pavón y Gabriel Ignacio Otero.

El fiscal solicitó prisión perpetua para Wagner y Pavón por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y femicidio. En el caso de Otero la absolución por el beneficio de la duda. La querella acompañó el pedido de la fiscalía. 

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género; a Pavón como autor del delito de encubrimiento agravado, a cinco años de prisión, y absolvió a Gabriel Otero. La sentencia fue apelada. 

La Cámara de Casación de la ciudad de Paraná confirmó la condena de Wagner y, respecto de Pavón, hizo lugar a los recursos de las partes acusadoras, anuló la sentencia en todo lo referente a su intervención y remitió la causa al tribunal de origen para que se realice un nuevo juicio oral y se dicte una nueva sentencia. Pero la defensa de Wagner y de Pavón apelaron esa decisión.

El 31 de julio de 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar al planteo de Pavón y  anuló la sentencia que había ordenado realizar un nuevo juicio oral contra Pavón. Rechazó el planteo de Wagner.

La fiscalía y la querrella acudieron al Máximo Tribunal. Con la firma de los jueces de de Corte Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se hizo lugar a los planteos de la querella y la fiscalía, y dejó sin efecto la sentencia del tribunal entrerriano.

El Máximo Tribunal advirtió sobre los defectos en la resolución en materia de abordaje de género. Sostuvieron que aunque se trate de temas de hecho y prueba fueron resueltos arbitrariamente.

“Esa deficiente fundamentación, que bastaría para desestimar lo resuelto, adquiere mayor entidad al haberse omitido considerar el sub judice a la luz de la ley 26.485, reglamentaria de la Convención de Belém do Pará, que establece que la víctima de la violencia de género tiene derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados y que las pruebas deben evaluarse de acuerdo con el principio de la sana crítica y se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes”, señaló el fallo al que Cronica.com.ar tuvo acceso. 

La Procuración también se expidió sobre la arbitrariedad del tramo de la decisión impugnada en cuanto había concluido que la participación de Pavón en el homicidio no estaba probada. Sostuvo que el Superior Tribunal entrerriano no había fundamentado esa conclusión ni había refutado los argumentos del tribunal de casación que habían afirmado lo contrario.

“La decisión impugnada fue dictada el 31 de julio de 2020, cuando ya había entrado en vigencia la ley 27.499 que lleva el nombre de la víctima del hecho que ha sido objeto de este proceso: ‘Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado’”, y a pesar de ello, “fue desatendida en la sentencia que aquí se recurre”, agregó.

Concluyó que “la decisión recurrida no es un acto judicial válido en tanto convalida una sentencia que valora arbitrariamente la prueba y desconoce el derecho al recurso que la ley reconoce a la parte, máxime tratándose de una víctima de violencia de género respecto de la cual el Estado ha asumido una obligación reforzada que exige actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz entendió que el recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja, es inadmisible.