El abogado de la familia del hombre que murió tras ser derribado de una patada por un policía de la Ciudad el 20 de agosto último en el barrio porteño de San Cristóbal apeló la excarcelación del efectivo y solicitó que la causa por homicidio preterintencional sea recaratulada como homicidio agravado, que prevé una pena de prisión perpetua.

El planteo fue presentado por el abogado Ignacio Trimarco, quien actúa como querellante por la familia de Jorge Martìn Gómez (41), en contra de la decisión adoptada el pasado lunes por la jueza en lo Criminal y Correccional porteña Yamile Bernan, quien procesó sin prisión preventiva y por homicidio preterintencional al oficial inspector Esteban Ramírez (42).

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En la apelación ante la Cámara Criminal y Correccional el letrado se basó en dos ejes: un pedido para que el policía cumpla con la prisión preventiva por considerar que en libertad puede entorpecer la investigación, y otro para que el caso sea investigado como un homicidio agravado, ya que Ramírez debió representarse que podía causar la muerte de Gómez.

En el escrito, la querella considera que "las particularidades del caso demuestran que Ramírez, conociendo el daño que podía causar con su conducta, creó un peligro que evidenció un desprecio por la vida humana", por lo que "es claro que actuó con dolo eventual, pues no puede desconocerse que se representó la posibilidad de producción del resultado".

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Para fundamentar este punto, Trimarco se basó en algunas apreciaciones de la propia jueza Bernan al procesar al policía, entre ellas que el oficial "tenía el deber de desarmar a Gómez, pero también de extremar los esfuerzos para preservar su integridad física" o el hecho de que la víctima estuviese "bajo los efectos del consumo de alguna sustancia" al momento de recibir la patada "fulminante".

Para la querella "Ramírez no pudo desconocer que la muerte de Gómez podía ocurrir si lo pateaba en el torso, máxime cuando cuenta con más de veinte años de servicio policial y, en consecuencia, ha visto innumerables situaciones como la ocurrida".

En cuanto a los riesgos de la excarcelación, Trimarco consideró que "de la causa surge claramente la existencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación".

Al respecto, mencionó el hecho de que el policía se cambiara de calzado tras el hecho, cuando su hermano le llevó un par de zapatillas a la sede de Gendarmería donde estaba detenido.

"Ello demuestra que el imputado sí tiene intenciones de entorpecer la investigación, no pudiendo alegar desconocimiento sobre la obligatoriedad de entregar las ropas usadas al momento del hecho, máxime cuando uno de esos elementos -borceguí- fue utilizado para perpetrarlo", indicó el letrado en la apelación.

La querella se refirió también al "serias irregularidades" en el secuestro del cuchillo que supuestamente llevaba Gómez al momento del hecho, que fue hallado en otro sitio, y de un gancho metálico y un destornillador, entregados por una oficial "sin que pudiera determinarse fehacientemente cómo aparecieron en el lugar ni quién los poseía".

Finalmente, indicó que "tanto el imputado como sus compañeros de fuerza le ocultaron a la médica del SAME que la víctima había recibido un golpe, expresando simplemente que se había caído mientras intentaba huir".

"Es evidente que si las cámaras de seguridad no hubieran grabado el hecho, los intervinientes lo hubieran ocultado de las autoridades, logrando la impunidad del imputado (...) Todo ello lleva a concluir en la existencia del riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación que habilita el dictado de prisión preventiva", expresó.

El hecho ocurrió el 20 de agosto en Carlos Calvo al 2600, donde Gómez interrumpía el tránsito, situación que fue denunciada por una pasajera de un colectivo y un chofer.

Al arribar al lugar, la Policía le dio la voz de alto y al ver que no deponía la actitud, uno de los efectivos se le acercó y le lanzó una patada en el pecho, a raíz de la cual el sospechoso cayó boca arriba sobre el asfalto y sufrió un traumatismo craneoencefálico a raíz del cual murió poco después.