La querella de Cristina Kirchner en la causa que se sigue por el intento de asesinato sufrido por la vicepresidenta el 1° septiembre de 2022 reclamó tener acceso "de modo urgente" a información llegada al juzgado sobre el teléfono de Gerardo Milman, el diputado de Juntos por el Cambio imputado en la pesquisa. El planteo se hizo ante la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, luego que la magistrada resolviera "mantener en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado, información digital" relacionada con el legislador y enviada al fiscal del caso, Carlos Rívolo. Los apoderados de la ex presidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, ingresaron un "recurso de reposición" contra esta medida que tomó la jueza el 15 de septiembre pasado y le solicitaron que la anule porque "debe poner a disposición de las partes la información digital vinculada con Gerardo Milman de modo urgente".

"Verdaderamente, nos enfrentamos a situaciones insólitas. Recordamos, por si alguien lo olvidó, que lo aquí se investiga es un intento de asesinato contra la vicepresidenta", consideraron los letrados. Según detallaron en el escrito, la jueza tomó esta decisión porque las empresas de telefonía remitieron a pedido del fiscal información sobre los IMEI de celulares de Milman junto a un informe de sus llamados entrantes y salientes. Este último punto hubiera requerido una orden firmada por la magistrada en base al artículo 236 del Código Procesal Penal vinculado a la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación.

 

"Lo que corresponde es que V.S. deje sin efecto el burdo trámite que ordenó el 15 de septiembre y realice la ponderación del artículo 236 CPPN. Desde ya, aclaramos que el resultado de esa ponderación solo puede ser poner a disposición los datos", agregaron los abogados. La jueza sostuvo en su resolución que las empresas "Telefónica y Telecom no dieron una respuesta satisfactoria al pedido del fiscal, ya que no informaron si para remitir el tráfico de IMEI era necesario revelar información vinculada con llamadas o mensajes". "Por esto, valoró que 'la extralimitación' de las empresas oficiadas al responder los requerimientos del MPF no podía “servir de pretexto para justificar la incorporación de  pruebas inválidas", se recordó en el escrito de la querella.

Pero el fiscal ya había pedido la orden judicial porque sabía que era necesaria y la magistrada le respondió que oficiara a las telefónicas desde la fiscalía, ya que tiene delegada la investigación en lo referido a informes de IMEI de los celulares. "El fiscal avisó que la contestación sobre el tráfico de IMEI incluye datos sobre llamadas y mensajes", recordaron los abogados. Capuchetti ordenó ahora al fiscal "que vuelva a oficiar a las telefónicas para que especifiquen si pueden remitir los IMEI sin informar llamadas entrantes y salientes y que, recién en caso de una respuesta negativa, curse el pedido a través del artículo 258 CPPN". La querella puso de relieve la "irracionalidad" de esa decisión y advirtió que la "actitud" de la magistrada "respecto de todo el trámite vinculado con Gerardo Milman cada vez despierta mayores sospechas de que las obstrucciones a la producción de prueba son producto de mala voluntad y no solo de una evidente incompetencia".

 

La Cámara Federal porteña ordenó a la jueza secuestrar el celular de Milman para peritarlo, algo que se concretó el 22 de agosto pasado con el aporte del dispositivo al juzgado y la disposición por parte de la fiscalía de medidas para "acreditar datos acerca de las líneas telefónicas del diputado nacional". La denominada "pista Milman" se inauguró el 23 de septiembre pasado, cuando un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera. "Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello aseguró haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca, el 30 de agosto del año pasado, es decir, dos antes del intento de magnicidio.

El tramo de la investigación vinculado a los detenidos y procesados por la autoría material del intento de magnicidio ya fue enviado a juicio por la jueza y resultó designado el Tribunal Oral Federal 6. Los procesados son el autor material del disparo Fernando Sabag Montiel; su novia al momento de los hechos, Brenda Uliarte, y Gabriel Carrizo, este último como supuesto partícipe secundario. Al resolver el cierre parcial de la pesquisa y enviar a juicio a los detenidos, la magistrada dispuso que continúe delegada en el fiscal Rívolo la parte de la investigación que busca determinar si hubo autoría intelectual, en el marco de la cual está incluida la llamada "pista Milman".