El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, convocó para para este jueves a una mesa de trabajo entre distintas fuerzas de seguridad (federales y de la Ciudad) para que trabajen, con la colaboración del FBI, en el análisis de los elementos electrónicos y la documentación secuestrada en el caso en el que se investigan supuestas irregularidades alrededor de la llegada del avión de la firma venezolana Emtrasur a la Argentina el pasado 6 de junio. La convocatoria alcanza al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional Argentina, a la sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal del ministerio de Seguridad de la Nación, que se reunirán con miembros del juzgado de Villena y la fiscalía que encabeza Cecilia Incardona, consignaron fuentes tribunalicias. Además, participará de la convocatoria la parte querellante en este expediente, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). En ese contexto, el juez de Lomas de Zamora también requirió la colaboración de la Oficina Regional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos de América con Responsabilidad para Argentina, según confirmaron a esta agencia las fuentes consultadas.

La información digital acumulada en el expediente asciende a "cientos de gigabytes" de información por lo que los investigadores consideraron necesario involucrar a varias fuerzas en su análisis.

En paralelo, el juez y la fiscal aguardan aún las repuestas de seis países a los que le requirieron información: Estados Unidos (para que amplíe lo que ya informó el FBI), México (sobre la carga y la tripulación que subió al avión en el punto de partida), Paraguay (por donde había pasado antes el avión), Uruguay (país que le negó el ingreso al vuelo del Emtrasur) y Venezuela e Irán, países de los que provienen los 19 tripulantes.

Días atrás, según consignó Télam, el juez Villena había librado exhortos a los Estados Unidos para requerir más información sobre el piloto iraní Gholamreza Ghasemi y sobre el avión de la empresa venezolana Emtrasur que aterrizó en la Argentina el 6 de junio y que se encuentra retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La medida había sido solicitada por la fiscal en el dictamen con el que imputó al piloto y requirió investigar a toda la tripulación del avión; 14 ciudadanos venezolanos y 5 iraníes cuyos pasaportes se encuentran retenidos por la Justicia argentina, lo que les impide salir del país.

Aunque investiga la carga, el avión y a todos sus tripulantes, la fiscal hizo foco en el piloto porque el FBI informó, a través de un documento que solo puede ser utilizado para actividades de inteligencia, que Gholamreza Ghasemi " es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto" y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas.

Fue por eso que la fiscal había solicitado que se libre "exhorto diplomático a Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación".

En el mismo dictamen, la fiscal había requerido que se le pregunte a los Estados Unidos si pesa o no "un embargo o restricción formal sobre la aeronave Boeing 747-300(M), matrícula YV3531", señalaron a Télam fuentes con acceso a la causa.

La investigación apunta a determinar las supuestas irregularidades que circularon en torno a la tripulación que arribó a bordo del avión Boeing 747 de la compañía Emtrasur con matrícula venezolana YV3531, y, a partir de ello dilucidar, si ese vuelo tuvo otros objetivos que no fueran el declarado, de transportar autopartes para la firma Volkswagen.