La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por "inexistencia de delito" a todos los imputados de la causa en la que se investigaban supuestas presiones de ex funcionarios a jueces y fiscales durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, informaron este lunes fuentes judiciales.

La decisión de la magistrada, que fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició a Macri, a su ex asesor Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, al ex ministro de Justicia Germán Garavano, y al ex secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros.

La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, al tiempo que señaló que no se constató que alguno de los supuestos presionados hubiera tomado decisión contraria a derecho.

 

"La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias", sostuvo la jueza en su fallo, firmado el 7 de diciembre último.

La magistrada agregó: "Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia".

"Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal", resaltó.

Y prosiguió: "Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad".

"Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí y, con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones", aseguró la jueza.

Detalles sobre la apelación

El fiscal Picardi, en tanto, apeló la decisión de la jueza Capuchetti con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces Gobierno de Macri.

Uno de los ejemplos salientes de la investigación, invocado en el dictamen fiscal, tiene que ver con la supuesta presión ejercida sobre la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó para que dejara su cargo.

 

El fiscal remarcó en su apelación que lo que se investiga en la causa no es la sucesión de hechos aislados sino un conjunto de maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, protagonizados por los miembros de la denominada "mesa judicial".

Las maniobras habrían estado destinadas a interferir indebidamente en la actuación funcional de ciertos magistrados para lograr fallos o decisiones en los que el Gobierno de Macri tenia interés: esa presión se habría llevado a cabo con la sistematización de denuncias contra magistrados, visitas personales y comunicaciones telefónicas y las acusaciones a través de medios y redes sociales.

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigara el papel que jugó la llamada "mesa judicial" e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo de Macri.

Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno de Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como la "mesa judicial" de aquella administración.

En la causa judicial, el fiscal Gabriel De Vedia declaró como testigo y ratificó las declaraciones periodísticas en las que había contado que intentó frenar lo que él consideraba una "persecución", a través del vínculo familiar que tenía con Rodríguez Simón, ya que es primo hermano de la ex esposa del ex asesor de Macri.

El fiscal dijo que se encontró con Rodríguez Simón en la Casa Rosada. "Yo le planteo el tema de la procuradora. Primero, negó la persecución. Para ellos, no había persecución. Me dijo que el Ministerio Público iba a cambiar, que iba a haber un proyecto de ley para modificar el esquema y ahí le pregunté lo que me interesaba, que era que se acabara la persecución: ¿no se puede acabar?".

"Me dijo que la procuradora tenía que renunciar para no ir presa", completó De Vedia sobre su presunto diálogo con Rodríguez Simón, en una entrevista radial.

Rodríguez Simón sigue en condición de "rebeldía"

A pesar de este sobreseimiento, Rodríguez Simón seguía este lunes en condición de "rebeldía" en la causa en la cual lo investiga la jueza María Romilda Servini por la presunta persecución a los accionistas del Grupo Indalo.

En el marco de ese expediente, fue llamado a indagatoria en el 2020 y, hasta el momento, no se presentó.