El abogado Federico Paruolo, quien ha estado activamente involucrado en la Causa Vialidad, presentó una denuncia penal contra la senadora Lucila Crexell por el presunto delito de “dádivas” para influir en su voto a favor de la Ley Bases.

La denuncia, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, incluye un pedido de medida cautelar para que Crexell no participe en la sesión del Senado que se lleva a cabo este miércoles.

 

Paruolo también solicitó que se postergue el tratamiento del proyecto de la Ley Bases hasta que se resuelva la cuestión planteada en la denuncia.

El abogado, quien representó al ex titular de Vialidad Nelson Periotti en el juicio, sugirió que Crexell cambió su voto a favor de la ley luego de ser designada embajadora ante la UNESCO.

"Toda vez que no es posible que la senadora sea primero designada embajadora y luego vote, puesto que ello quitaría el control a quien da la dádiva, y toda vez que es posible entender que la senadora haya requerido algún tipo de certeza respecto al pago acordado, el mensaje que la propia Cancillería ha ‘filtrado’ hace las veces de garantía de cumplimiento del acuerdo", denunció Paruolo.

 

"No ha sido una filtración inocente lo que permite a esta parte y a toda la población tomar conocimiento del hecho denunciado, sino la exteriorización de la voluntad del Poder Ejecutivo de cumplir el pago prometido a Crexell", añadió.

La denuncia fue asignada por sorteo a uno de los tres juzgados que actualmente ocupa Ariel Lijo.

Paruolo reconoció que, si bien el delito aún no se ha consumado, se trata de un acto ejecutorio punible como una tentativa.

 

En ese contexto, solicitó una serie de medidas cautelares, incluida la exclusión de Crexell de la votación de la Ley de Bases y la prohibición de salida del país de la denunciada, entre otras.

Además, reclamó que "se ordene la prohibición de salida del país de la denunciada, se proceda a la geolocalización de su teléfono móvil, registro de llamadas entrantes y salientes; constate en el Senado, listado de Entradas y salidas registradas de la denunciada y-o terceras personas que pudieran haber solicitado audiencia y se arbitren los medios a los fines de hacer efectiva una orden de allanamiento y secuestro de todo dispositivo móvil y-o aparato de almacenamiento que pudiera alojar información vinculada a los hechos de la denuncia".