La Cámara de Diputados se prepara para un debate clave en torno a los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Hoy desde las 14, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento volverá a reunirse con el objetivo de firmar dictamen sobre el proyecto de ley que limita la capacidad del Poder Ejecutivo de dictar medidas a través de este mecanismo excepcional.

El texto, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría ser tratado en el recinto el próximo 8 de octubre. La iniciativa establece un cambio de fondo respecto del régimen vigente: actualmente, un DNU queda convalidado con la aprobación de una sola de las cámaras y sólo puede ser anulado si ambas lo rechazan, algo que ocurrió en contadas ocasiones desde la reforma constitucional de 1994.

 

Con el nuevo esquema, alcanzará con el rechazo de una sola cámara para dejar sin efecto un decreto presidencial. Además, se fija que todo DNU deberá ser ratificado en un plazo máximo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial; de lo contrario, perderá validez y efectos jurídicos. 

También se incluye una cláusula que prohíbe al Ejecutivo dictar un nuevo DNU sobre la misma materia si uno anterior fue rechazado en el mismo período parlamentario.

 

La oposición, impulsora de la reforma, busca así revertir la situación creada en 2006 con la sanción de la ley 26.122. Esa norma, promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner, blindó los decretos presidenciales y dejó a la oposición prácticamente sin herramientas para frenarlos.

 

El gobierno observa con preocupación el avance de este proyecto, dado que recurre con frecuencia a los DNU para implementar políticas sin enviar proyectos de ley al Congreso. Desde la oposición remarcan que el uso excesivo de esta herramienta desnaturaliza lo previsto en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que reserva los decretos para circunstancias excepcionales y de urgencia que no admiten demoras legislativas.