Este lunes, quedaron formalizados en el Boletín Oficial el rechazo de ambas cámaras del Congreso a un DNU y cuatro decretos delegados, que fueron emitidos por el presidente Javier Milei.

La decisión fue confirmada mediante una serie de decretos, que fueron publicados esta madrugada en el Boletín Oficial. De este modo, las disposiciones, que llevan la firma del presidente de la cámara Baja, Martín Menem, y la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que alcanzara los acuerdos necesarios en primera instancia en Diputados y luego en el Senado. 

De esta manera, entre las normativas se encuentra la Resolución 39/2025, que dejó sin efecto el DNU 340/2025 a través el que el Ejecutivo aprobaba un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, que declaraba de ese modo como servicio esencial a la navegación de agua marítima. Además, limitaba el derecho a huelga de los trabajadores.

En esa línea, en la normativa se revocó mediante la resolución 43/2025 el poder utilizado para reorganizar y optimizar la estructura de la Administración Pública Nacional, que había sido destacado en el decreto 345/2025, que confirmó la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y al mismo tiempo la transformación del Instituto Nacional del Teatro, el cual pasó a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

Por otro lado, quedó oficializado el rechazo parlamentario a la reestructuración del el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Bajo la nueva configuración, el organismo pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo, perdió validez legal. Esta decisión quedó formalizada mediante la resolución 44/2025.

Mediante la Resolución 94/2025, quedó desestimado de forma definitiva el decreto 461/2025 que establecía el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. De este modo, rechazaron las normativas, en la que se materializaron las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

En esa línea, dejó de tener validez también la normativa a través la cual el Gobierno había disuelto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), poniendo de manifiesto un informe elaborado por un Interventor, el cual indicaba que “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.