El PRO y otros bloques opositores dialoguistas fracasaron por segunda semana consecutiva en su intento de tratar el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados al no conseguir el quórum de 129 legisladores necesario para habilitar la sesión.

Solo hubo 116 legisladores sentados en sus bancas. Entre los ausentes figuraron ocho legisladores del oficialismo.

Tampoco estuvieron los tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, e Innovación Federal, habituales aliados de La Libertad Avanza.

Además de Ficha Limpia, con el fracaso de la sesión tampoco se pudieron tratar los proyectos de reiterancia, voto por carta en el Exterior y juicio en ausencia.

Luego de que el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunciara la falta de quórum se llevaron a cabo las expresiones en minoría y uno de los discursos más duros lo formuló la diputada del PRO Silvia Lospennato, autora del proyecto. “Los corruptos van a estar festejando hoy. La sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa”, advirtió.

Añadió que “también van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia” y “van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles ya que no se aprobó la reiterancia”.

“Tengo la confirmación por escrito de quiénes iban a venir de cada bloque porque no nos comemos más el verso. No creemos en las casualidades ni en los imprevistos. La semana pasada, con buena fe, creí que efectivamente había diputados que habían tenido imprevistos. Y la verdad, tengo que decir que hoy me siento burlada, para no decir una mala palabra”, completó.

En la misma sintonía, se expresó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. “¿Cuántos diputados le faltan, señores de La Libertad Avanza? ¿Cuántos? Quiero la lista, presidente. Faltan, ahí por lo menos cuatro o cinco personas. Entonces no le mientan a la gente”, cuestionó.

El proyecto de Ficha Limpia establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.