La nueva reglamentación para que las fuerzas de seguridad puedan utilizar armas letales avala a los policías a disparar a sospechosos de delitos aún cuando posean réplicas de armas, huyan tras cometer un delito o cuando se presuma una alta probabilidad de que puedan provocar graves daños a personas sin estar armados.

En este sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el nuevo reglamento cambia la antigua doctrina de que los policías "tenían que esperar que el delincuente tire primero" para poder repeler una agresión. "El país viene de una vieja historia, la dictadura, que le fue sacando la capacidad de acción a la Policía hasta que llegamos a una Policía de brazos caídos", declaró.

En cambio, el ex juez Carlos Rozanski y el ex subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén, quienes denunciaron a la ministra de Seguridad, consideraron que "se está consagrando la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad".

Sobre este punto también se expresó la diputada porteña Myriam Bregman, quien logró que el juez porteño Roberto Gallardo declarara inconstitucional la reglamentación en la Ciudad. La legisladora expuso el caso de Carla Lacorte, quien se encuentra en silla de ruedas luego de haber sido víctima de un caso de gatillo fácil en el año 2001. "Ella fue víctima directa de lo que fue un malentendido de un policía que consideró que era campaña de un robo cuando ella bajaba del colectivo proveniente de la facultad", señaló.

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