Después del receso legislativo invernal, el Congreso arrancará el mes de agosto con una amplia agenda, que incluye el debate de parte de la reforma política, en especial la llamada "ficha limpia", y también la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad para sancionar a menores que cometan delitos.

“Ficha limpia” es el nombre que se le da en distintos países al conjunto de reglas que impiden que un candidato con condena firme en la Justicia pueda volver a presentarse para ocupar un cargo público. La cuestión será abordada el 6 de agosto en un plenario de dos comisiones, Asuntos Constitucionales y Justicia.

El objetivo aquí es que aquellos funcionarios con condena firme por corrupción no puedan volver a ejercer un cargo o ser candidatos a un puesto en el Parlamento. El tema aún se está discutiendo en cuanto a sus detalles: ¿Bastará una condena en primera instancia o será necesaria una condena firme para que alguien quede fuera de carrera?

La “ficha limpia” es uno de los aspectos de la reforma política que impulsa el gobierno. Otros dos temas que están incluidos en este capítulo son la boleta única de papel, que avanzaría para ser aplicada en las legislativas 2025, y la eliminación de las PASO. Este segundo punto, eliminar las primarias, aún está verde, y no cuenta con los consensos políticos necesarios para avanzar.

La boleta única de papel, para votar poniendo una cruz junto al candidato elegido en una sola boleta para todos los partidos políticos, ya tiene media sanción en Diputados, y aguarda el visto bueno del Senado.

El otro tema a ser abordado es el llamado régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los adolescentes a los 13 años.

La iniciativa fue enviada por los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, a fines de junio, bajo la premisa de "delitos de adultos, penas de adultos".

"La baja de imputabilidad es un asunto que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas", explicaron los funcionarios al elaborar esta iniciativa.

Este debate comenzará el próximo miércoles en las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda.

 

El proyecto contempla un régimen especial para los adolescentes que cometan delitos entre los 13 y los 18 años de edad, que contemplan, por ejemplo, "privación de la libertad en domicilio; privación de la libertad en un instituto abierto; privación de la libertad en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario".

Asimismo, los adolescentes no podrán ser condenados a prisión perpetua, y el máximo de tiempo de cárcel será de 20 años.