El Gobierno de Javier Milei declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en diversas explotaciones de la provincia de Entre Ríos afectadas por heladas y granizo, con el fin de que se apliquen los beneficios económicos de la Ley 26.509 para los productores damnificados.

Lo hizo a través de las resoluciones 1502/2025 y 1503/2025 del Ministerio de Economía, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

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La primera disposición establece la emergencia para las explotaciones de citrus en los departamentos de Federación y Concordia, a raíz de las heladas registradas entre el 30 de junio y el 4 de julio de 2025.

 

Ese estado se extiende desde el 4 de julio de 2025 hasta el 15 de julio de 2026, fecha que también se fijó como finalización del ciclo productivo para esas explotaciones, mientras que la segunda resolución se enfoca en los daños por granizo.

 

Para las explotaciones de soja en el distrito Rincón de Nogoyá del departamento Victoria y las hortícolas en el distrito Primero del departamento Colón, la emergencia va desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 30 de agosto de 2025.

Para las plantaciones de nuez pecán, también en el distrito Primero, el período es más extenso debido a que se extiende del 1° de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.

En los considerandos de las resoluciones se detalla que las declaraciones se efectuaron tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que analizó la situación provincial el 15 de septiembre último.

¿Qué tienen que hacer los productores afectados para acceder a los beneficios económicos?

Para acceder a los beneficios de la ley 26.509, los productores afectados deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial que acredite que sus respectivas explotaciones se encuentran comprendidas en la zona de desastre.

 

El Gobierno de Entre Ríos, por su parte, deberá remitir a la Comisión Nacional el listado de los productores damnificados.

Las instituciones bancarias nacionales -oficiales o mixtas- y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán arbitrar los medios para que los productores reciban los beneficios económicos correspondientes.