El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la restitución de una serie de normas y estructuras del Estado que habían sido modificadas o eliminadas a través de decretos delegados que fueron rechazados por el Congreso. De este modo, busca finalizar con un vacío legal que generaba incertidumbre sobre el funcionamiento de varios organismos públicos.

La decisión quedó formalizada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante la publicación de los Decretos 627/2025 y 628/2025, dejando expresamente la vigencia de esas normas y garantiza que los organismos sigan funcionando. 

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos“, indica el artículo 1 del documento oficial.

 

 

En la disposición, se especifica que quedaron reestablecidas las medidas que define la fusión de institutos culturales y la reorganización de entidades como el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Asimismo, se aclaró en el artículo 2 que “el restablecimiento dispuesto precedentemente, comprensivo de las estructuras organizativas será, en cada caso, en los términos del texto vigente a la fecha del dictado de los Decretos 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025“.

 

Por su parte, se instruye a los distintos ministerios y jurisdicciones a tomar todas las medidas administrativas necesarias para implementar la restitución. En esa línea, mientras se ajustan presupuestos y estructuras, la Jefatura de Gabinete ,a Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía brindarán apoyo temporal a los organismos afectados.

El Ejecutivo señaló que esta medida es clave para garantizar seguridad jurídica y la continuidad administrativa. De esta manera, se evita las interpretaciones contradictorias o discrecionales que afecten políticas públicas y servicios estatales. En tanto, la Corte Suprema ya ha subrayado la importancia de la certeza legal para que el Estado funcione de manera adecuada.