En medio la conmoción que generó el caso Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio en Corrientes, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado analizará un proyecto que impone “prisión de cuatro a diez años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.

La iniciativa impulsada por la senadora radical Carolina Losada ya fue aprobada en general en una sesión pero un error del libertario Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión, sembró dudas sobre el tema y el texto fue devuelto para reiniciar su tratamiento.

Debate en comisión y cambios en estudio

Tras lo ocurrido en el recinto, se invitaron a expositores para mejorar el proyecto. Uno de ellos fue el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, actual vicepresidente de la comisión que redacta e impulsa el nuevo Código Penal, quien sugirió cambios.

“Todo lo que tenga que ver con la compraventa de niños, que son delitos de extrema gravedad, deben estar tipificados y de forma autónoma, con una categoría independiente”, subrayó el magistrado federal. Apuntó a “lograr la inserción de Argentina en el mundo, con previsibilidad y seguridad jurídica”.

También instó a que con el fin de dejar en claro la conducta ilícita, que seguido a la palabra “entregar” se incorpore “ilegítimamente”.

Otro punto mencionado por el juez fue la aclaración sobre la promesa de lucro. “Ambas conductas deben ser delictivas y no con la misma escala. Es más grave por precio”, evaluó. Como solución propuso, en vez de subir los mínimos y máximos, otorgar el tercio superior de la escala penal cuando se trate de lucro.

Borinsky resaltó, asimismo, la “conveniencia de la competencia federal” ante la “trascendencia” de casos como el de Loan Peña y “todos los inconvenientes que genera el traspaso” con las provincias.

Por último, señaló que la posibilidad de atenuar penas por situaciones de “vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales” ya se encuentra contemplada en el Código Penal -en la parte general- y “no sería necesario que se incorporen” en la ley que trata la Cámara alta para evitar “controversia”. También aseveró la necesidad de no dejar con una “escala punitiva” inferior de la conducta originaria al funcionario público que intervenga en este tipo de delitos.

Si la comisión dictamina mañana, la ley podría aprobarse en la sesión que tiene pensada el oficialismo -aún sin confirmación formal- para el 14 o 15 de agosto.