La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomará este miércoles a las 14 el debate del proyecto que modifica las penalidades en los delitos de sustracción y/o comercialización de menores de edad. La iniciativa ya obtuvo media sanción en general de la Cámara la semana pasada por unanimidad. 

Pero por divergencias en su articulado, se decidió el regreso a comisión y citar a juristas y especialistas en la temática para limar las diferencias y encauzar la iniciativa impulsada por la senadora por la Unión Cívica Radical Carolina Losada.

El órgano deliberativo recibirá este miércoles a Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal; Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de los Niños; Diego Freedman, juez de una Tribunal Oral de Menores y a Damián Muñoz, defensor oficial ante los tribunales orales de menores, entre otros especialistas.

La Cámara Alta aprobó en general, por unanimidad de 63 votos, la iniciativa que impulsa Losada junto a su correligionario Eduardo Galaretto, donde establece: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad, mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

Dentro de las modificaciones, dispone que “será reprimido con prisión de 5 a 15 años, quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa”.

Durante el debate en el recinto, el senador por La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto, miembro informante de la comisión, inició su exposición expresando que se estaba trabajando en este proyecto “incluso, antes de que ocurra este desgraciado suceso de Loan (Peña, el niño desaparecido en Corrientes), que es por todos conocido y que pone sobre el tapete una cuestión que es de rigurosa actualidad. El tema de la compra y venta de niños, como se habla habitualmente en idioma coloquial –es un poco más amplio–, es un reclamo de la sociedad y una deuda que tiene el Estado argentino, porque este delito no está tipificado”.

Luego, agregó: “Voy a ser chabacano: no vamos a descubrir el agujero del mate si hablamos de que en este país se venden niños no solamente para trata, sino con fines de adopción, de un montón de otras cosas y hasta tráfico de órganos. Esto pasa en toda Latinoamérica y ha sido perfectamente denunciado por todos los organismos internacionales. Entonces, tenemos que precisar y tipificar esa conducta para que sea punible y el Estado tenga los elementos para perseguirla”.

A continuación, sumó argumentos con la intención de modificar el dictamen firmado en su comisión: “Acá se trata de sancionar conductas. Y se hace una salvedad en el proyecto. Se exime –o tienen una excusa absolutoria– a los padres, siempre y cuando eso no constituya una actividad habitual. Porque nos encontramos con un problema que es el análisis de la realidad. Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos y alguna vez han dado, como se dice, algún chico. Y si nosotros los sancionamos, dejamos a todo el resto de la familia sin protección. Esta es una de las realidades que tenemos. Lógicamente, toda excepción a la norma penal es odiosa, pero lamentablemente debemos tenerla en cuenta. Y lo debemos hacer por este principio de la realidad”.

En este marco, la senadora por Unión por la Patria Juliana Di Tullio lo interrumpió: “Estoy siguiendo atentamente lo que está leyendo el senador Pagotto y entiendo que no está leyendo el dictamen, ¿no? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Está leyendo la propuesta que trajo hoy y presentó en las bancas, no el dictamen?”.

El presidente de la comisión contestó: “Yo estoy leyendo el proyecto de lo que se modifica del dictamen”. Di Tullio pidió que lo que estaba ocurriendo quedara claro: “Usted (le dijo a Pagotto) no está leyendo el dictamen. Está leyendo una propuesta que trajo y puso en nuestras bancas, pero no es el dictamen que viene en revisión. No está leyendo el Orden del Día N° 39. Está leyendo una propuesta que usted trajo y nos presentó en las bancas”.

En la versión taquigráfica de la sesión del Senado, que presidió Bartolomé Abdala, se señaló que varios legisladores hicieron referencia a lo sucedido y al intento de alterar el dictamen por parte de Pagotto.

Finalmente, Losada, la autora del proyecto, buscó que la iniciativa continuara el tratamiento. “Me parece que, con la urgencia que tiene la sociedad de que realmente legislemos sobre un tema así, lo más importante es que lo hagamos, que discutamos acá y no que mandemos otra vez esto a comisión y que se termine aprobando andá a saber cuándo”, reclamó.

José Mayans, titular de Unión por la Patria, propuso que el proyecto “vaya a comisión y se hagan las correcciones al texto".

Por este motivo, pese a que fue aprobado en general, el proyecto volvió a la comisión que encabeza Pagotto, en la que este miércoles, se escucharán a especialistas y definirán el artículo que generó diferencias. El primero, que hace referencia a que quedará “exento de pena el progenitor”.