Luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazara excarcelar a los cuatros integrantes de Revolución Federal detenidos, uno de los puntos fuertes de la investigación pasará por tratar de dilucidar el origen de los 50 mil dólares hallados el jueves pasado en uno de los allanamientos, medida que apunta a ver si hay un responsable externo a nivel financiero del grupo acusado por supuesta incitación a la violencia y por formar parte de una organización que busca imponer sus ideas a través de la fuerza o el temor.

En línea con la opinión del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado consideró que los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, hija de Alfio Basile, ex entrenador de la Selección argentina de fútbol, podrían poner en riesgo tanto la investigación, al punto de intentar amedrentar a los testigos en caso de recuperar la libertad, como los hechos investigados en la causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 en relación al atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo con lo que dio a conocer Página 12, en la vivienda de Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal junto a Morel, ubicada en Villa Ballester, partido de San Martín, los investigadores encontraron cerca de 50.000 dólares distribuidos a través de 465 billetes de 100 dólares, 51 de 50 dólares y cuatro de veinte.

Según consignó Pollicita en su dictamen, en el Instagram de Revolución Federal se promocionaba un alias de Mercado Pago para recibir donaciones. Esa cuenta estaba asociada a Sosa. 

Tanto él como Guerra, ambos patrocinados por Gladys Egui, la abogada que vive junto a Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner, decidieron no declarar ante el magistrado que lleva adelante la investigación. 

Las declaraciones de Morel y Basile ante el juez

Quien sí lo hicieron fueron Morel y Basile. Cara a cara frente al juez, el primero de los detenidos dijo que no tuvo "la culpa" de que "un loco" haya querido matar a la vicepresidenta y negó las acusaciones en su contra.

Allí también explicó que después de que Fernando André Sabag Montiel intentara asesinar a la ex presidenta, Revolución Federal decidió parar con sus manifestaciones porque no había "clima" como para seguir.

Según trascendió, Morel también dijo haber recibido alrededor de 13 millones de pesos en pagos de Caputo Hermanos (una sociedad ligada a la familia del ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo) por la confección de muebles que irían a Neuquén. Después explicó que, en realidad, no hizo el mobiliario sino que lo tercerizó y que se ocupó también de que llegaran a destino. 

Antes que Morel había declarado Basile, quien también negó haber cometido algún delito y reclamó que su pedido de excarcelación se tramite de modo urgente porque está encargada de cuidar a su padre.

Asistida por el abogado Martín Sarubbi, la hija del "Coco" explicó su vínculo con Revolución Federal y con los otros imputados de la causa: dijo que los conoció el 3 de julio en el marco de las protestas realizadas frente a la Quinta de Olivos, el día en el que el Gobierno decidió suspender la conferencia de prensa en la que se anunciaría la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.

Explicó que tras esa manifestación la sumaron a un grupo de WhatsApp y que luego siguió participando de otras marchas a la que cada uno llevaba lo que tenía y lo que quería, por lo que descartó que Revolución Federal contara con algún tipo de financiamiento.

En ese contexto, aseguró que no tuvo intenciones de desestabilizar, ni de agredir a nadie y que solo hizo uso de su derecho a protestar contra todo el arco político, informaron fuentes judiciales que explicaron que sus criticas no fueron solo al Gobierno nacional.

Basile aseguró que el funcionamiento de Revolución Federal era anárquico y negó tener vinculación con las personas imputadas en la causa en la que se investiga el intento de homicidio contra la vicepresidenta.

Pero, para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por laagrupación desde mayo de este año pudieron haber funcionado como "caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó" el intento de asesinato de la vicepresidenta. La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un "esquema delictivo" para "imponer" ideas y "combatir las ajenas por la fuerza y el temor" y que eso sembró en la sociedad la escalada de "violencia y odio" cuyo "acto más trascendente" resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta.