Cuatro integrantes de la agrupación Revolución Federal fueron detenidos este jueves en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos. En ese expediente, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner el martes último fue aceptada como querellante.

Las capturas se concretaron con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Fueron detenidos Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile, hija del director técnico Alfio “Coco” Basile.

Los arrestos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita a través de un extenso dictamen que le presentó ante Martínez de Giorgi, que se conoció en las últimas horas.

“Se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación", acusó a Revolución Federal Pollicita en el dictamen.

 

El funcionario judicial, asimismo, enumeró distintas manifestaciones violentas convocadas por la agrupación investigada, como así también las declaraciones públicas amenazantes esgrimidas por algunos de sus integrantes.

Entre las acciones citadas en el dictamen, al que accedió Télam, se encuentra la marcha de las antorchas convocada el 25 de mayo último frente al Congreso de la Nación bajo consignas tales como "Basta de Cristina", "Basta de Alberto", "Los vamos a sacar" y "Van a correr".

Otra de las manifestaciones invocadas por el fiscal fue la realizada en Plaza de Mayo el 9 de julio bajo lemas como "Es hora de accionar" y "Es ahora o nunca", a la que Morel asistió con una guillotina de utilería de grandes dimensiones.

 

Una conversación que comprometería a Morel

Otra de las pistas que maneja el funcionario judicial son diálogos que transmitieron integrantes de Revolución por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.

El 26 de agosto, durante una de esas charlas que fue titulada "Hay que pudrirla", una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba por entonces su apoyo a la vicepresidenta frente a su domicilio del barrio porteño de Recoleta, para concretar un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después, cuando Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla.

 

"Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje… si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia", decía uno de los participantes de esa conversación virtual.

Las penas que pide la fiscalía para los detenidos

El fiscal, además, en su dictamen consideró que la agrupación montó “un esquema delictivo que diseñaron (sus integrantes) para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.

Pollicita encuadró su acusación en el delito 212 del Código Penal, que reprime con pena de prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra personas o instituciones por la sola incitación.

Además, promovió la imputación por artículo 213 bis, que castiga con tres a ocho años de encierro “al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

La fiscalía, a esos dos delitos, le sumó un agravante por presunta violación a la ley Antidiscriminación, promovida contra “quien aliente o incite a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.