Luego de que se oficializara el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso del 23 de enero al 28 de febrero, el Frente de Todos (FdT) presentó este viernes el proyecto que propone iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia (CSJN), mediante el cual solicita que sean convocados los cuatro miembros del máximo tribunal para ser investigados por “mal desempeño” y "manifiesta parcialidad".

La iniciativa, presentada en las últimas horas por el diputado del FdT, Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que llevará adelante la investigación.

En el proyecto de resolución que elaboraron los diputados en base al documento impulsado por el presidente Alberto Fernández, se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

Respecto del fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el texto sostiene que "resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal". "La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país. Esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos", se señala en el texto.

En la presentación, los legisladores oficialistas solicitan asimismo la citación de unos 50 testigos, entre los que se destacan el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia. El oficialismo también convocará a los gobernadores que suscribieron el pedido de enjuiciamiento así como también al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

También se incluyen "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la CSJN que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".

En concreto, el FdT acusa que los últimos fallos de la Corte sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes”, dejan “en riesgo” al estado de derecho y “afectan seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.

En ese sentido, el oficialismo también presentó un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, entre otras iniciativas.