Este jueves por la mañana, el presidente Alberto Fernández se reunió en la quinta presidencial de Olivos con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para terminar de definir el temario de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, luego de que la vocera presidencial Gabriela Cerruti, confirmara la decisión de convocarlas. La novedad que se agregó ayer es que el llamado al Parlamento será a partir del lunes 23 de enero.

Según trascendió, en las primeras horas de este viernes el Gobierno nacional publicará en el Boletín Oficial el decreto con el llamado a extraordinarias. Entre los proyectos a tratarse estará el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia por “mal desempeño de sus funciones”, pero también habrá otros relacionados con la economía.

Uno de ellos será el blanqueo de capitales que se trabajó en el Ministerio de Economía (“Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”). Además, se incluirá el del intercambio de información fiscal con Estados Unidos (FATCA) y el de la licuefacción de gas licuado (GNL).

En cuanto al proyecto que atañe a los jueces de la corte, la labor de la Comisión de Juicio Político de Diputados comenzará el jueves 26 de enero, según anticiparon miembros del bloque oficialista. El pasado miércoles hubo una reunión de los 16 diputados del Frente de Todos (FdT) que integran esa Comisión en forma virtual para establecer la estrategia que utilizarán con miras a que la iniciativa avance en la Cámara Baja. Representan mayoría en el cuerpo (de 31 integrantes) y la presidenta es la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT).

Pudo saberse también que el proyecto de juicio político contará con nuevas acusaciones de parte de los legisladores del oficialismo para engrosar la carga de la prueba contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Se supone que el oficialismo no tendrá inconvenientes en obtener un dictamen favorable. Sin embargo, los números no le alcanzarían para tener en el recinto los dos tercios de los votos necesarios para que la iniciativa avance hacia el Senado. De hecho, Juntos por el Cambio (JxC) ya anticipó que no lo avalará. 

Volviendo a los proyectos de índole económica, se enviaría uno que le dé herramientas al Ejecutivo Nacional para afrontar el fallo cautelar sobre la coparticipación que emitió la Corte Suprema a favor del Gobierno porteño. En ese sentido, se propondría una modificación en la Ley de Presupuesto para abonarle a la Ciudad ese monto.

En tanto, la moratoria previsional que beneficiaría a 800.000 personas y que no se pudo sancionar en las sesiones ordinarias y la Ley de Agroindustria, que lleva un largo período sin poder ser tratada, serían otras de las iniciativas que impulsará el Ejecutivo.