La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde se lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Los jueces del máximo tribunal ratificaron la sentencia del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén que había declarado “procedente" la medida en abril de 2022.

Se trata del empresario que admitió haber financiado al diputado nacional José Luis Espert en 2019, cuando el legislador fue candidato presidencial por Avanza Libertad. Esta jornada, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos de la defensa y, ahora, la decisión final sobre el proceso de extradición recae en el presidente Javier Milei.

 

La Corte Suprema, con una resolución que lleva las firmas digitales de los jueces, sostuvo que el fallo de primera instancia que había declarado procedente la extradición debía quedar firme para los cargos identificados como uno, dos, tres, cuatro y siete de la “Quinta Acusación de Reemplazo” del 5 de mayo de 2021.

Son la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos, conspiración para cometer fraude electrónico y la elaboración de estupefacientes.

El máximo tribunal ordenó que el juez de origen informe a la autoridad extranjera el tiempo en el que Machado estuvo privado de libertad en el marco del proceso de extradición, a fin de que se compute en su eventual detención en los Estados Unidos.

 

Machado cumple prisión domiciliaria en una casa de la ciudad rionegrina de Viedma, donde permanece con una tobillera electrónica.

Argumentos de la defensa que fueron desestimados

La defensa legal del empresario, representada por los abogados Roberto Rallin y Norberto Francisco Oneto, había alegado violación del principio de igualdad de armas, debido a que en el juicio participaron tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) frente a sólo dos defensores.

 

Además, había cuestionado la imparcialidad del juez federal interviniente, a raíz de su rechazo de pruebas ofrecidas por la defensa y la negativa a su recusación.

Asimismo, había planteado la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal.