Legisladores del oficialismo mantienen diálogos a contrarreloj con sus pares denominados "dialoguistas", informando los artículos de la Ley Ómnibus que desde el Ejecutivo no están dispuestos a negociar, pero los que sí están a permitidos ceder. De los más de 70 capítulos que conforman el proyecto, el Gobierno de Javier Milei está dispuesto a ceder solamente en cinco, que abarcan 39 artículos en total.

Según pudo conocerse en las últimas horas, los artículos que entran en negociación se encuentran los capítulos y apartados relacionados a Impuestos internos (artículo 77 al 84), en la Ley de Pesca (artículo 117 al 126), en la Ley de Biocombustibles (artículo 187 a 195), Transición energética (artículo 200 al 204), en la normativa de Divorcios no contencioso (artículo 227) y en el apartado de Contratos de franquicias, suministro y concesiones (artículo 228 a 233).

La "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" originalmente contaba con más de 600 artículos fue presentada por el Ejecutivo el pasado 27 de diciembre.

Entre sus modificaciones, el cual se redujo a 384 artículos, tuvo resonancia lo que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la quita del capítulo fiscal con el fin de "facilitar y acelerar su aprobación".

Sin embargo, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, sostuvo en conferencia de prensa que "no fue una cuestión de negociación", ya que desde el Ejecutivo señalaron que "no podíamos seguir perdiendo el tiempo por momentos que no tenían mucho sentido más que retrasar la promulgación de la ley".

Desde el bloque de LLA admitieron que las negociaciones "es el resultado de todas las discusiones que tuvimos con los distintos bloques e incorpora la mayoría de los pedidos que nos fueron haciendo".

A las modificaciones ya aplicadas se encuentran el ajuste en las facultades delegadas —eliminándose la sanitaria, previsional y fiscal—, la privatización mixta para empresas particulares —como Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica—, la exclusión de algunas desregulaciones productivas, el ajuste de lo referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para asegurar activos dentro del Fondo y la exclusión de todo artículo fiscal en el que no había consenso, tales como retenciones regionales, fórmula jubilatoria y blanqueo.

 

 

El Gobierno derogó 69 normas comerciales que "promovían un rol intervencionista del Estado"

 

Por medio de la Resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, este lunes se derogó un total de 69 normas que tienen relación con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, y que desde el Gobierno consideraron que "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, destacó este lunes que la derogación de las normas seleccionadas busca "disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio".

El funcionario planteó que las normas del Gobierno anterior anuladas dentro de su área laboral pretende "desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios".

Una de las normas derogadas por el Gobierno de Javier Milei tiene que ver con el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SiFIRE) el cual funciona como control previo y sistemático, de los rótulos y las etiquetas de los productos que cotidianamente se incorporan al mercado. Además, rige para productos de consumo masivo y habitual: alimentos, bebidas, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza del hogar.

 

También fue derogada la Ley de Góndolas, que según la norma 27.545 ayuda a contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores. Además, permitía "mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado".

El Gobierno también dio de baja la Ley de Abastecimiento, el cual habilitaba al Estado a tomar decisiones como fijar precios máximos, intervenir en los mercados, controlar la compraventa de productos esenciales y sancionar a empresas que subieran los precios de manera "injustificada".

En cuanto al programa Precios Cuidados, al igual que Precios Justos, estos pactaban acuerdos entre las principales cadenas de supermercados y proveedores de la Argentina comprometiéndose a vender a los clientes productos a un precio único y constante acordado con el Gobierno. Sin embargo, Lavigne consideró que "estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país".

Sobre la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, el funcionario consideró que "ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real".