El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) instruyó al rector Ricardo Gelpi, avanzar con una acción judicial contra el Gobierno de Javier Milei, para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario con el fin de que tengan “plena vigencia” los “derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.

Esa norma fue aprobada en el Congreso de la Nación y prevé mayores recursos para las altas casas de estudio, pero el Presidente la vetó. No obstante, cuando el Parlamento insistió, el primer mandatario la promulgó mediante un decreto, pero suspendió su aplicación al argumentar falta de partidas presupuestarias específicas.

El Consejo Superior de la UBA tomó la decisión por unanimidad durante su sesión de este miércoles, se consignó en el sitio web de la institución.

En su resolución, argumentó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

En el texto aprobado este miércoles, se advirtió que la medida de la administración libertaria “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando el sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

El Consejo precisó que la UBA expresó “reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las universidades nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

Además, recordó que la alta casa de estudios declaró “la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria”. También se recalcó que la ley “tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio de la República Argentina”.

Por último, rememoró que la norma promueve “la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.

La UBA, en su sitio web, detalló que, desde diciembre de 2023, la inflación acumuló un 250% mientras los salarios sólo aumentaron un 95%.

Además, en la función educación, los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%. “La situación es más crítica en salud: hasta agosto, el presupuesto de los Hospitales Universitarios estuvo congelado y la actualización posterior no recompuso el financiamiento, sino que apenas cubrió parte del impacto inflacionario para sostener la atención básica”, se agregó.

La Ley de Financiamiento Universitario prevé la convocatoria a negociaciones paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes teniendo como referencia a la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.

La norma, además, fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 al 1,5% en 2031.