Nueva audiencia en el Senado por el C贸digo Penal
La Comisi贸n de Justicia y Asuntos Penales聽escuch贸 voces a favor y en contra de jueces, familiares de v铆ctimas y especialistas en la materia.
El proyecto de Ley que habilita el nuevo C贸digo Penal recibi贸 este martes聽apoyos y cuestionamientos durante la segunda audiencia con especialistas que se realiz贸 en la Comisi贸n de Justicia y Asuntos Penales de la C谩mara de Senadores de la Naci贸n.
La iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo a principios del a帽o busca unificar el criterio punitivo de la norma que rige desde 1921.
La doctora en filosof铆a Diana Cohen Agrest cuestion贸 duramente algunos art铆culos del nuevo C贸digo, puntualmente, los vinculados con la reincidencia y la libertad condicional.
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"Abandonen lo pol铆ticamente correcto. Adopten la 茅tica de la responsabilidad. Es una falsa dicotom铆a hablar de imputables e inimputables. En el siglo XXI la discusi贸n es entre v铆ctimas y victimarios. Si el Congreso busca la coherencia legislativa con la ya sancionada Ley de V铆ctimas, con este anteproyecto de C贸digo 驴habr谩 menos v铆ctimas o m谩s?", asever贸 la invitada.
Cohen Agrest les pidi贸 "racionalidad" a los senadores reunidos en el Sal贸n Eva Per贸n del Palacio Legislativo y fustig贸, entre otros aspectos, que la libertad condicional no se conceda a los reincidentes salvo que hayan cumplido 35 a帽os de condena, por lo que pregunt贸:"?驴Qui茅n est谩 preso 35 a帽os? 驴Es necesario habilitar este beneficio para personas que cometieron delitos aberrantes?".
La fil贸sofa record贸 que el asesino de su hijo Ezequiel, muerto en un asalto en 2011, "ten铆a nueve condenas previas y estaba libre", y culp贸 del hecho no al perpetrador sino "a los jueces de Mor贸n que lo dejaron libre".
"Este proyecto establece que quien tenga frondoso prontuario pueda salir en libertad", afirm贸.
La confecci贸n del C贸digo tambi茅n fue cuestionada por el abogado Maximiliano Rusconi y por la ex senadora Diana Conti, hoy integrante del Comit茅 de Prevenci贸n de la Tortura, aunque sus disidencias se basaron en los aspectos m谩s duros del proyecto.
Rusconi comenz贸 afirmando que "el problema principal de la Argentina no es discutir un nuevo C贸digo", y que "el derecho penal est谩 en crisis porque perdi贸 total capacidad investigativa".
Adem谩s, fustig贸 el art铆culo 34 del C贸digo porque suavizaba los castigos a los integrantes de fuerzas de seguridad que se excedan en el cumplimiento de su deber con su arma reglamentaria: "Eso es espantoso", ponder贸.
En el mismo sentido se explay贸 Conti , quien acus贸 a la ministra de Seguridad de la Naci贸n, Patricia Bullrich, de haber levantado "la bandera de la vulneraci贸n de todas las garant铆as penales" y reclam贸 que "el C贸digo Penal atienda a la delincuencia grave, y que aquel delito insignificante ya no est茅 tipificado".
Adem谩s, la ex legisladora kirchnerista a帽adi贸 que "la prisi贸n preventiva, como pena anticipada, es una prohibici贸n que debe estar vigente de modo permanente en las vidas de nuestro pa铆s".
El profesor de la Maestr铆a de Derecho Penal de la Universidad Austral, Alejandro David, consider贸 "positivo sacar la pena de reclusi贸n y regular la aplicaci贸n de las medidas de seguridad para los inimputables".
Sin embargo, cuestion贸 un art铆culo que se aplica en delitos graves y que contiene "el seguimiento socio-judicial que se aplica a los condenados que ya cumplieron su pena" porque es "claramente inconstitucional".
La jueza de C谩mara ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, Ana D'Alessio, defendi贸 la decisi贸n de discutir un nuevo C贸digo Penal, aunque pidi贸 diferenciar las condenas en delitos vinculados con el tr谩fico de estupefacientes.
"Veo que quedan afuera de la libertad condicional. Sin embargo, hay sujetos que se dedican al narcomenudeo y hay otros que trafican, distribuyen, est谩n al frente de una organizaci贸n y se enriquecen y reciben el mismo tratamiento", indic贸 D'Alessio.
Finalmente, Carolina Robiglio, jueza de la C谩mara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econ贸mico, destac贸 la "implementaci贸n de una norma general para la imputaci贸n de personas jur铆dicas en causas penales?.?Es un sue帽o que haya llegado el momento de que se debata posibilidad de que se pueda disponer de instrumentos para imputar a personas jur铆dicas", resalt贸 Robiglio.