La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dispuesto un despliegue de fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía Federal Argentina (PFA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA), para resguardar los edificios estatales del gobierno nacional en respuesta a una medida de protesta convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Esta acción del gobierno busca contener los efectos de la protesta contra los despidos de empleados del sector público, que se manifiesta a través de ingresos masivos a las dependencias estatales.

Uno de los puntos neurálgicos de las manifestaciones es la sede del ex Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Allí se registró uno de los momentos de mayor tensión, ya que los trabajadores despedidos se enfrentaron a la policía y tomaron el edificio. ATE exige la reincorporación de los empleados despedidos y la renovación de contratos.

Por otro lado, los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), también plagado de agentes de seguridad custodiando el edificio, tuvieron que esperar en fila debajo de la lluvia para ingresar y conocer su situación laboral.

"Denunciamos el despliegue policial durante la mañana de hoy con el fin de amedrentar a los trabajadores de todo el del Polo Científico, obligando a formar una fila para corroborar si había despedidos. Repudiamos el amedrentamiento contra los trabajadores", escribieron desde ATE CONICET Capital.

En este contexto de tensión y forcejeos, la ministra Patricia Bullrich, quien se encuentra monitoreaando el operativo de seguridad, advirtió a quienes incentivaron la toma de los organismos del Estado con llevarlos ante la Justicia: "Lo decidiremos, depende del final del día". Luego, sostuvo que los manifestantes “no pueden usurpar algo que ya no tienen”. A su vez, se mostró confiada y aseguró que "está todo saliendo bien. Vamos cumpliendo los objetivos”.

Luis Petri, ministro de Defensa, también se pronunció al respecto: “Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”. Además, en diálogo con un medio gráfico, agregó que "llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”.

Desde el otro lado, el secretario general del gremio de estatales ATE, Rodolfo Aguiar, publicó en su cuenta de X: “Están llenando de policías las dependencias públicas. No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero si hay plata para reprimir”. El dirigente sindical denunció 11 mil despidos y prometió judicializar cada caso. 

Manuel Adorni, el vocero presidencial, también estuvo activo en la jornada y afirmó: “Lo que sea fuera de la ley tendrá las consecuencias correspondientes”. Sobre los despidos, dijo: “Es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado. Era personal que no es necesario”.

La protesta es parte del plan de lucha de ATE frente a la ola de despidos que anunció el Gobierno. Milei habló de 70 mil, anque el Gobierno se encargó de aclarar que, en principio, serían unos 15 mil. El proceso de ajuste se ha llevado a cabo en etapas, especialmente después de que la Justicia detuviera la implementación de la reforma laboral propuesta en el extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).