Por la violencia y el horror, el crimen de Susana Beatriz Montoya podría haber sido uno de los tantos temas policiales en los diarios de la provincia que comanda Martín Llaryora. La enorme diferencia está en su historia y en el marco en el que fue encontrada, en su casa de la provincia de Córdoba. Entre el jueves por la noche y el viernes pasados la mujer de 74 años fue asesinada, ese día uno de sus hijos, Fernando Albareda, intentó comunicarse con ella, al llegar a la vivienda, llamó al 911 y esperó a que llegara la policía.

 

La victima era viuda de un exsubcomisario de la Policía de esa provincia, militante del ERP, que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar argentina, Ricardo Fermín Albareda, por eso la situación no es menor. De hecho, la familia ya ha recibido amenazas: “sos hijo de terrorista, se terminaron los amigos”. “De la policía no vayas más a la escuela ni a la jefatura. Va a morir”, decían varios carteles que colgaron en la puerta de la casa a Fernando en diciembre de 2023. 

Este crimen ocurre días después de conocerse que -en un hecho en el que no hay registro histórico en tiempos de democracia-, cinco diputados de La Libertad Avanza visitaran en comitiva, en el penal de Ezeiza, a los represores de la última dictadura militar acusados de torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos, Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason. 

¿Qué pasó con Susana? Esa pregunta intenta determinar la Justicia. La autopsia confirmó que Susana Montoya fue golpeada y estrangulada, estaba en el patio tirada y rodeada de basura. Otro dato que despierta temor en la familia: en una pared, quienes estuvieron en la casa dejaron otra amenaza, confirmaba que ahora van por los hijos de la Susana.

“Si las amenazas que se habían denunciado con anterioridad se hubieran investigado, es probable que esto no hubiera ocurrido”, aseguran desde los organismos de Derechos Humanos. ¿Porqué no se hizo?.

El dolor de su hijo y un reclamo al Gobierno provincial

Fernando es militante de H.I.J.O.S. de la provincia y dio charlas en la policía para formarlos en derechos humanos. Sobre el caso, publicó un mensaje en el que afirmó: "se me derrumbó el mundo entero. No tengo una sola palabra que pueda describir lo espantoso del momento que estoy viviendo. Temo por mi. Temo por mi familia, mi hermano. Por cada uno de nosotros".

"Solo digo lo que siento y puedo expresarlo así. A mi mamá le reventaron la cabeza a ladrillazos, la apuñalaron en el cuello y no sé que más. Solo me sale decirles que no me dejen, sé que no va a ser el caso, que los amo profundamente. Que los necesito cerca y que no voy a parar", escribió Albareda, que además apuntó a las más altas esferas provinciales al recalcar: "Voy a ir a la Mesa De Tarabajo por los DD.HH. a contar lo sucedido, iré a la Comisión Provincial por la memoria. Quiero audiencia con el gobernador, jefe de policía, ministro de seguridad y ministro de justicia. Como dije, cruzaron el límite". 

 

¿Qué dijeron desde los organismos de DD.HH.?

En medio de las versiones, el domingo pasado algunos organismos de DDHH de Córdoba emitieron un comunicado: "Nos encontramos consternados y ocupados, por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S. Córdoba, ocurrida este último sábado y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba #Policía“.

En el mismo mensaje exigieron a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo, "la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las de amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia  denunciadas con anterioridad. La seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia". 

Como antecedente, en marzo una militante de H.I.J.O.S. Capital, Sabrina Bölke, denunció que un grupo de personas ingresaron a su casa donde la golpearon, abusaron y dejaron pintadas con las siglas del partido La Libertad Avanza. No es el único caso de militantes en el que las amenazas se repiten, también se denunciaron amenazas sobre una abogada que sigue las causas por delitos de lesa humanidad.