Una abogada querellante en causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura recibió una nota amenazante en su casa, donde la instaban a "rajarse a tiempo", ya que había "un sicario pago para ella y su familia". Así lo revelaron en las últimas horas, en un comunicado conjunto, Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario e HIJOS de la misma ciudad santafesina.

Sin detallar el tenor de la intimidación contra la abogada, los organismos mencionados denunciaron "un nuevo hecho de violencia contra una militante de derechos humanos, perteneciente a nuestras organizaciones".

Este episodio ocurrió a fines de marzo y fue denunciado de inmediato en la Fiscalía Federal número 1, a cargo de María Virginia Sosa. Según trascendió, la militante se encuentra "preservada y acompañada" por sus compañeros.

"Lamentablemente tenemos que comunicar un nuevo intento de intimidación en este caso hacia una compañera, militante y abogada de nuestra regional y de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Rosario", indicaron desde HIJOS en las redes sociales y desde Abuelas puntualizaron en un comunicado: "Nuestra compañera recibió amenazas por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular. Pedimos a la justicia que investigue y garantice la seguridad de la víctima. Nunca más es nunca más".

"Denunciamos un nuevo hecho de violencia contra una militante de derechos humanos, perteneciente a nuestras organizaciones, que interviene en causas donde se investigan crímenes de lesa humanidad. Días atrás, nuestra compañera recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular, lo que da cuenta del grado de intimidación y de la gravedad de los hechos", comenzó el texto que publicaron este jueves.

En esa línea, el organismo detalló: "La nota contiene una advertencia por su participación como militante de derechos humanos y, además, amenaza su integridad física".

Ante el ataque, plantearon: "Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país: desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no dé charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera nuestra compañera Sabrina Bölke".

"Habiendo efectuado ya la denuncia pertinente, solicitamos al poder judicial que se avoque de lleno en la investigación y agote las instancias necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido", exigieron desde Abuelas e HIJOS y pidieron: "También a la sociedad mesura para no entorpecer dicho proceso judicial y particularmente para resguardar a nuestra compañera y su familia".

"Sin embargo, no podemos dejar de advertir públicamente sobre este hecho intimidatorio y violento, que no es aislado. Es este clima social, habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo", agregó el documento.

Del mismo modo, ambos organismos apuntaron contra la dirigencia política: "No podemos dejar de advertir que este discurso también fue sostenido por el gobernador de nuestra provincia, quien no tuvo tapujos en decir que no quiere reclamos de los Organismos de Derechos Humanos, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en nuestra ciudad. A poco de conmemorar los 40 años de democracia, estos delitos son inadmisibles y repudiables".

"Por lo tanto, instamos de manera urgente a los gobiernos nacional y provincial a frenar los discursos de odio que habilitan la estigmatización y la violencia contra quienes piensan diferente, y exigimos la adopción de las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos semejantes y para garantizar la seguridad de las víctimas", completaron.

"Los organismos de derechos humanos seguiremos trabajando colectivamente para demandar justicia por estos hechos de violencia y persecución política y continuaremos exigiendo el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la sanción a sus responsables. Nunca más es nunca más", cierra el documento.