En el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, este martes prosiguieron los alegatos de las defensas ante los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

En este proceso son juzgados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, el empresario Lázaro Báez y a otras 10 personas acusadas de conformar una asociación ilícita que habría direccionado la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

 

 

En la jornada de este martes, el defensor Luis Alonso Martínez argumentó que Mauricio Collareda (ex responsable del distrito 23 de Vialidad Nacional) "no tuvo ninguna intervención relevante en la maniobra que fue descripta que, por otro lado, tampoco considero que se encuentre probada", al iniciar su alegato en la llamada causa "Vialidad".

"La única solución posible es la absolución", adelantó, a poco de comenzar a exponer ante el Tribunal Oral Federal 2, en el que remarcó que Collareda "no tenía ninguna afinidad con el empresario Lázaro Báez", otro de los acusados.

 

 

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron en su alegato condenar al exfuncionario de Vialidad Nacional a seis años de cárcel por haber omitido el control de las adjudicaciones de 51 obras a empresas de Báez, entre ellas Austral Construcciones.

Además, aseguró que "nadie" del "entorno empresarial" de Báez tenía "injerencia en la gestión del distrito 23", la jurisdicción Santa Cruz de Vialidad Nacional.

 

La fiscalía pidió a Collareda "la máxima pena" por el delito de defraudación a la administración pública, pero "no alcanza la prueba para arribar a un veredicto condenatorio", afirmó el abogado ante los jueces a través de la plataforma Zoom.

En su acusación, los fiscales argumentaron que Collareda debía ser "los ojos" de Vialidad Nacional en Santa Cruz, pero que, por el contrario, habría "cumplido a rajatabla la orden de beneficiar a Báez" como parte de la supuesta asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015, según el alegato acusador.

¿Qué pasó el lunes?

Cabe destacar, que el lunes, la defensa de uno de los acusados en la causa Vialidad aseguró que la fiscalía "violó la Constitución" al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados, en un proceso en el que la justicia de Santa Cruz dictaminó años atrás que no hubo hechos de corrupción ni de cartelización en la obra pública en esa provincia.

Mariano Fragueiro Frías, abogado del ex titular de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Jesús Garro, inició este martes la ronda de alegatos finales de las defensas en la llamada causa Vialidad, reclamó la absolución de su cliente y manifestó su rechazo al atentado sufrido el jueves último por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también acusada en este proceso.

 

 

"Intentaron convertirse en aladides de la corrupción", expresó Frías sobre la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero, en realidad -advirtió- hubo "violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio".

Además, Frías remarcó: "Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo; eso no está bien".

Vialidad: reinicio de juicio

El juicio se reinició el lunes después de dos semanas de receso y luego de que la fiscalía pidiera condenar a 12 años de prisión a la Vicepresidenta y al empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, como presuntos organizadores de una asociación ilícita y defraudación al Estado. También pidió diez años de cárcel a De Vido, al exsecretario de Obras Públicas, José López, y al exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

La defensa de la Vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el Tribunal para el orden de las exposiciones.

 

Tanto ella como los restantes acusados podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py, en el juicio que se realiza de manera virtual, con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.

En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo. El mes pasado el Tribunal rechazó un pedido de la defensa de Fernández de Kirchner para que ampliara su declaración indagatoria.