El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sorprendió este miércoles al reconocer en una entrevista con LN+ que había mentido sobre su patrimonio real, motivo central de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Según contó, logró acumular más de 500 mil dólares gracias a una inversión en bitcoin que nunca había declarado. Esa plata, que ahora sí incorporó a sus declaraciones juradas rectificadas, también sirvió -dijo- para justificar la compra de inmuebles y el pago de deudas que hasta esta semana permanecían ocultos.

Sin embargo, en los tribunales no dan por ciertas estas nuevas versiones, ni siquiera las que el funcionario sumó a sus DDJJ corregidas. Lo que sí consideran prueba sólida son otras transferencias en criptomonedas que detectaron una vez levantado el secreto fiscal y bancario que protegía las finanzas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. De acuerdo a fuentes judiciales, esos movimientos llegaron a sus cuentas privadas durante 2024, cuando ya ejercía como funcionario público, a través de las plataformas Lemon y Binance.

Estas transferencias no tienen relación con la historia del bitcoin que Adorni contó por televisión: son ingresos posteriores que, según trascendió, sumarían más de 100 mil dólares y que podrían haberse convertido a dólares físicos una vez bancarizados. Esa conversión es justamente uno de los puntos que la Justicia quiere reconstruir, porque coincide con el patrón de pagos en efectivo que, según testigos, Adorni utilizó en distintas operaciones.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo detectaron estos movimientos hace más de un mes, aunque el funcionario no hizo ninguna referencia a ellos en su descargo televisivo. En el expediente constaría que parte de ese dinero sí fue incorporado a las nuevas DDJJ, pero con cifras que no coincidirían con las que las propias firmas de criptoactivos remitieron a la Justicia.

En la Justicia no le creen a Adorni

A esto se suman las dudas sobre el origen de los 500 mil dólares que Adorni dice haber obtenido a partir de un ahorro inicial de 200 mil, producto de una apuesta al bitcoin hace doce años. Fuentes de la investigación sostienen que, aunque el funcionario pueda demostrar que maneja las billeteras virtuales desde donde salieron esas ganancias, eso no alcanza como prueba de que haya sido él quien hizo esas operaciones, ya que ese tipo de billeteras también se consiguen en mercados paralelos para encubrir el origen de fondos.

El cambio de versión resulta significativo porque Adorni había asegurado, incluso ante el Congreso, que todas sus presentaciones patrimoniales estaban en regla. Esta semana, en cambio, admitió que él y Bettina Angeletti mantenían ahorros "en negro", y hasta le dio un sentido ideológico a la evasión: dijo que esa era la forma en que "la vieja política" se cuidaba del Estado.

Los números de Indio Cuá

Una de las claves para entender el destino de ese dinero está en la refacción de la casa que Adorni compró en el country Indio Cuá, que demolió y reconstruyó por completo. El contratista a cargo de la obra, Matías Tabar, declaró bajo juramento que el costo total rondó los 250 mil dólares, siempre pagados en efectivo. Sin embargo, en la rectificación de sus DDJJ, el jefe de Gabinete declaró un gasto de poco más de 170 mil dólares, una diferencia que la fiscalía buscará explicar con la documentación -remitos, facturas y tickets- que ya está en su poder, además del material extraído del celular de Tabar.

La pesquisa sobre las cuentas en criptomonedas se activó después de que la fiscalía de Pollicita pidiera a las empresas que operan billeteras virtuales en el país si Adorni o Angeletti tenían cuentas activas. La respuesta fue afirmativa, y ese dato -sumado a las sucesivas rectificaciones de las DDJJ- podría terminar configurando lo que en la jerga judicial se conoce como "omisión maliciosa" de bienes, uno de los elementos centrales para un eventual procesamiento por enriquecimiento ilícito.

Todo este nuevo material, junto con las declaraciones juradas anteriores de Adorni, está bajo la lupa de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Con o sin nuevas explicaciones televisivas, el camino del jefe de Gabinete en la causa lo acerca cada vez más al llamado "requerimiento de justificación de patrimonio": el informe judicial que exige a un funcionario dar cuenta, con pruebas, de cómo hizo su fortuna.