El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados para rendir su informe de gestión en una sesión de alto voltaje político: Javier Milei y gran parte del Gabinete estuvieron en el recinto como señal de respaldo, mientras la oposición llegó con más de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales el Ejecutivo respondió poco más de 2.100. Aunque la jornada estuvo atravesada por las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario, el documento presentado ante los legisladores también dejó definiciones precisas sobre el plano económico.

Uno de los temas centrales fue el crecimiento de la morosidad. Según los últimos datos del Banco Central a febrero, la irregularidad en todas las líneas crediticias llegó al 6,7% de la cartera total de préstamos, mientras que en el caso de las familias trepó al 11,2%. Lejos de reconocerlo como un problema, el informe de Jefatura de Gabinete lo encuadró como una consecuencia esperable del propio dinamismo del sistema: sostuvo que desde fines de 2023 el crédito al sector privado "duplicó su ponderación en términos del PBI" y que el aumento de la exposición al riesgo es "una previsible consecuencia" de la profundización del crédito.

Sobre las elevadas tasas de interés de los proveedores no bancarios, el Gobierno también salió a justificar la diferencia de costos respecto de la banca tradicional. El argumento oficial apunta a que sus clientes tienen "ingresos mayormente informales" y que eso eleva el riesgo crediticio y, con él, las tasas. Aclaró además que existe un límite legal: las entidades no financieras que emiten tarjetas de crédito no pueden cobrar más del 25% por encima del promedio del sistema para préstamos personales.

El nuevo IPC, otra vez postergado

Los diputados también preguntaron por qué no se aplicó la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor basada en la Encuesta Nacional de Hogares de 2017-2018, cuya demora ya había derivado en la salida de Marco Lavagna de la dirección del INDEC. El Gobierno respondió que cualquier cambio metodológico requiere evaluar "la correcta comparabilidad de las series estadísticas" y que el contexto macroeconómico actual exige cautela antes de avanzar.

La justificación oficial advierte que una implementación apresurada podría generar "interpretaciones erróneas que afecten la toma de decisiones de la población". No se dieron plazos ni se precisó en qué condiciones se daría el paso. La postergación del nuevo índice sigue siendo, por ahora, una respuesta sin fecha.

Sin intervención en combustibles

En materia de combustibles, el informe fue categórico. Ante la consulta sobre el impacto del alza del gasoil por el conflicto en Medio Oriente sobre el transporte de cargas, el Ministerio de Economía descartó de plano cualquier tipo de intervención y definió el incremento como "una señal del mercado global que refleja costos reales". La postura del Gobierno es que la cadena de abastecimiento "se ajusta por sí sola a través de la competencia" y que los precios relativos son los que deben guiar la asignación de recursos.

El documento fue más lejos aún: calificó cualquier intento estatal de amortiguar el impacto como una medida que "viola el principio de respeto a la propiedad privada" y que solo "posterga el ajuste necesario". Subsidios, compensaciones y mecanismos de alivio fiscal para economías regionales -incluso para las zonas del norte del país, donde los costos logísticos son más altos- quedaron explícitamente descartados.