La inflación registrada en marzo generó preocupación en el Gobierno. El dato se ubicó en el 3,4% y fue el más alto de los últimos 12 meses. Así, acumuló un alza del 9,4% en lo que va de 2026 y del 32,6% interanual. "El número es malo, no nos gusta", reconoció el presidente Javier Milei poco después de conocerse la medición del Indec.

Esas palabras podrían haber expresado también los inquilinos. En el último año, los alquileres encadenaron una suba del 52,3%, muy por encima de la inflación general en ese período. La cifra correspondió al Gran Buenos Aires y hubo aumentos mayores en otras regiones, tal el caso del Noreste (+80,3%), Noroeste (+85%) y Patagonia (+88,9%).

Inquilinos: las principales dificultades

La postal resulta complicada para quienes alquilan una vivienda y empeora aún más al tomar otros datos. Según una encuesta nacional de la organización Inquilinos Agrupados a la que accedió cronica.com.ar, el 17,2% de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder afrontar alquiler y el 70,6% dijo destinar más del 40% de su salario para poder abonarlo.

"El panorama es grave en un combo entre plan económico y desregulación del alquiler de la vivienda. No hay un piso mínimo de derechos para regular el alquiler de la vivienda. Tampoco un plazo mínimo, ni límite para los aumentos; absolutamente, nada", aseguró Gervasio Muñoz, referente de esa agrupación.

"Todo esto genera consecuencias directas en la economía de los hogares, donde los contratos cortos y los aumentos frecuentes hacen imposible sostener el pago del alquiler. Y eso produce consecuencias como endeudamientos de los hogares para comprar alimentos, porque hay que sostener el pago del alquiler como sea para seguir teniendo un lugar donde vivir y dormir", comentó a cronica.com.ar. Y agregó: "Casi todas las consultas que tenemos de inquilinos es porque no pueden pagar el alquiler. La situación es muy desesperante".

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/203 implementado por el gobierno de Milei otorgó a los propietarios mayores posibilidades de fijar condiciones a la hora de llevar adelante una propuesta.

"El resultado fue una reconfiguración drástica de las relaciones contractuales: se eliminaron los plazos mínimos, se permitió la modalidad contractual en moneda extranjera -derivando en la dolarización de los contratos- y se modificaron los mecanismos de indexación de precios", explicó Magalí Zirulnikoff, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria.

De acuerdo con la encuesta mencionada y realizada sobre 690 casos en 20 provincias del país, el 70% de los inquilinos afronta aumentos del alquiler cada tres o cuatro meses. El 38,9% se endeudó para poder pagarlo y el 65,1% admitió haber hecho recortes en alimentos. Y otro dato que aportó una clave estructural: el 43% de los consultados forma parte de una segunda generación de inquilinos, lo que da cuenta de la dificultad creciente para acceder a la vivienda propia.

Para Zirulnikoff, "la crisis habitacional trasciende la dimensión puramente económica para convertirse en una vulneración directa a la salud mental y a la estabilidad de las personas inquilinas". Y continuó: "Este impacto psicológico se caracteriza por angustia crónica y miedo. La presión por los costos y el terror al desalojo mantienen a los hogares en estado de alerta y preocupación obsesiva".

"Las condiciones actuales del alquiler -consideró en diálogo con cronica.com.ar- funcionan como un mecanismo de desposesión que no sólo merma los recursos económicos de los hogares, sino que destruye la tranquilidad, la salud mental y el derecho a proyectar una vida estable para la población inquilina".

En el análisis de Zirulnikoff, "la absoluta 'libertad' contractual se traduce en una inestabilidad continua para el inquilino, imponiendo plazos cortos y actualizaciones asfixiantes (cuatrimestrales o trimestrales). Se repite la asimetría histórica donde la desregulación genera un aumento desproporcionado del costo de vida habitacional que aplasta sistemáticamente el poder adquisitivo de los ingresos".

Y concluyó: "Las políticas habitacionales actuales no son un fenómeno aislado, sino la reedición de una matriz económica desregulatoria instaurada en los años '70, diseñada para priorizar la especulación inmobiliaria por sobre el derecho a la vivienda, empujando a los ciudadanos a la asfixia del alquiler o al riesgo del sobreendeudamiento".