Multas, prisi贸n y dos a帽os de veda: las reglas que el Gobierno quiere imponer a quienes negocian con el Estado
El Ejecutivo envi贸 al Congreso un proyecto para regular la actividad de lobbying que crea un registro p煤blico obligatorio, establece sanciones severas para las gestiones no declaradas y proh铆be a los funcionarios actuar como gestores durante dos a帽os tras dejar sus cargos.
El Gobierno nacional gir贸 a la C谩mara de Diputados un proyecto de ley para regular la actividad de lobbying en Argentina, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Seguridad, Alejandra Oliva. La iniciativa busca transparentar las negociaciones que empresas e intermediarios realizan ante funcionarios para obtener mejores condiciones en licitaciones, contratos y en la redacci贸n de leyes nacionales, una pr谩ctica que hasta ahora opera sin un marco regulatorio espec铆fico.
Qu茅 obliga a declarar la nueva ley
El proyecto define como "gesti贸n de intereses" a toda actividad de promoci贸n, representaci贸n, intermediaci贸n o asesoramiento que tenga por finalidad influir en decisiones p煤blicas. Eso incluye la elaboraci贸n de leyes, decretos y pol铆ticas; contratos, concesiones, permisos y licencias; y la asignaci贸n o modificaci贸n de partidas presupuestarias, subsidios y beneficios fiscales.
Para canalizar ese registro, la norma crea el Registro P煤blico de Gestiones e Intereses, en el que deber谩n inscribirse todas las personas f铆sicas y jur铆dicas que realicen este tipo de actividades ante el Gobierno o el Congreso. Las empresas tendr谩n que presentar su estatuto, acreditar que su objeto social es compatible con la gesti贸n de intereses e identificar a sus clientes o beneficiarios. Adem谩s, deber谩n presentar un reporte trimestral de actividades ante la autoridad de aplicaci贸n.
Del lado del Estado, quedar谩n obligados a registrar sus audiencias el presidente y vicepresidente, ministros, secretarios y cualquier funcionario con capacidad decisoria. En el Congreso, la obligaci贸n alcanza a diputados, senadores, autoridades administrativas de ambas c谩maras y asesores que mantengan contactos de gesti贸n. Cada registro deber谩 consignar fecha, hora, modalidad del contacto, dependencia involucrada y una s铆ntesis de los asuntos abordados.
Las sanciones y la veda para funcionarios
El r茅gimen sancionatorio es uno de los aspectos m谩s relevantes del proyecto. Los gestores que incurran en infracciones podr谩n recibir multas desde 500 salarios m铆nimos hasta la inhabilitaci贸n definitiva para ejercer la actividad. Para los casos de representaci贸n clandestina de intereses extranjeros, la pena prevista es de prisi贸n de seis meses a tres a帽os e inhabilitaci贸n especial por el doble del tiempo de la condena.
El proyecto tambi茅n establece una veda de dos a帽os para los funcionarios que quieran actuar como gestores de intereses tras dejar sus cargos, una restricci贸n que apunta a cortar el tr谩nsito directo entre la funci贸n p煤blica y la representaci贸n privada ante el Estado. Los gestores extranjeros, por su parte, deber谩n declarar ese car谩cter tanto al inscribirse en el registro como en cada contacto o reporte que realicen.
Quedan expresamente excluidas del r茅gimen las actividades period铆sticas o de difusi贸n general, siempre que no tengan por objeto influir en una decisi贸n p煤blica determinada.