Como todos los años desde la creación de la ley 27.330 en contra de las carreras de animales, un número de "galgueros" se reunieron en las calles de La Pampa para defender la "libertad de vivir su cultura, su tradición, sus costumbres". Así lo declaró la Asociación Civil Galguera Pampeana en su convocatoria a una nueva marcha "para ser libres".

Los reclamos por la regularización de las carreras de galgos por parte de aquellos que las realizan de manera clandestina no son nuevas. A pesar de haber sido penalizadas en 2016, las carreras de galgos continúan siendo una realidad a lo largo y ancho del territorio argentino, con los organizadores defendiendo lo que ellos consideran un ejercicio de sus derechos civiles.

Buscando pasar las carreras ilegales como una "práctica deportiva", la organización a favor de las carreras de galgos reconocida como objeto social en el Registro provincial continúa abogando por "la regulación de la actividad" que continúan realizando en la clandestinidad.

En respuesta a las movilizaciones, un número de asociaciones por los derechos animales también salieron a las calles de La Pampa, en defensa de la ley que protege a los galgos de los abusos proliferantes en las carreras. Para comprender la gravedad del debate que continúa aún después de la ley, primero debemos conocer la cruel naturaleza de las carreras de galgos.

Antes de que el debate llegara a la Cámara de Diputados, la sociedad argentina conocía poco de las carreras de galgos. Fueron las organizaciones civiles y los mismos vencinos que presenciaron los eventos quienes comenzaron a compartir la realidad que escondía una "tradición" arraigada en varios puntos del país. A través de las redes sociales, las condiciones de los galgos comenzaron a ser objeto de titulares en medios de todo el país.

¿Qué se descubrió de ese "mundo"? Además de las apuestas ilegales y el juego clandestino, el país descubrió el horror: perros drogados, con los musculosos atrofiados por la aplicación de esteroides; cuerpos descartados al costado de la ruta o colgados de un árbol cuando no rendían como se esperaba; hembras encerradas y obligadas a reproducirse toda su vida, como máquinas dispensadoras de autitos de carrera.

La realidad de los galgos golpeó en la cara a la sociedad argentina. La conmoción llegó a varias personalidades del espectáculo, quienes tomaron la causa de la defensa de los galgos, y llegó a estar en boca del entonces presidente Mauricio Macri y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quienes también salieron a abogar por una ley que acabara con las carreras.

Los legisladores debatieron, dejaron sus votos, y un 16 de noviembre del 2016 se estableció la Ley 27.330. De esta manera, quedó prohibida la organización de carreras de perros de cualquier raza y pelaje en todo el país, con penas de prisión que van de tres meses a cuatro años y multas de hasta 80 mil pesos. Sin embargo, las denuncias siguieron llegando.

Hace apenas un mes, poductores agropecuarios del partido bonaerense de Chascomús denunciaron que grupos organizados de personas arriban de distintos lugares del país para realizar en sus campos carreras de galgos y caza furtiva de animales autóctonos.

"Son personas que organizan estos tours de carreras/cacerías a través de las redes sociales. Trasladan a quienes pagan el servicio en combis, autos o camionetas particulares hacia las zonas rurales donde existen menos controles. Es una organización ilícita que lucra en nuestros campos", informó el productor Manuel Anchorena en diálogo con La Nación.

Como el caso de Cahscomús, hay cientos. Organizaciones clandestinas buscan espacios para armar sus canódromos, hipódromos reducidos en tamaño, para largar a correr a los galgos detrás de una liebre. Las protestas que hoy ocuparon las calles de La Pampa son evidencia de que la "tradición" galguera continúa viva en la Argentina.