El 17,1% de los adultos en edad jubilatoria del país sigue trabajando y la prolongación de la actividad laboral se concentra en la franja de 60 a 74 años. Muchas de esas personas pasaron a revistar como monotributistas y facturan a sus respectivos empleadores.

Así surge de un relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), reflejado en un informe titulado “Dosier estadístico de personas mayores 2025”.

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El organismo elaboró el reporte con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemoró el pasado 1 de octubre. El informe demuestra que la jubilación es un derecho adquirido, pero no garantiza condiciones económicas dignas en el país.

No obstante, también están los adultos mayores que toman la decisión de seguir trabajando por placer, por mantener la rutina o para sentirse útiles.

 

Detalles sobre los que siguen trabajando por razones económicas

Los motivos de estirar el rol activo después de efectivizarse el cambio de status previsional suele deberse a la necesidad económica, a la desigualdad de género y a la discriminación de la sociedad por edadismo.

En el caso de los 4,5 millones de jubilados que cobraron en septiembre último el haber mínimo de $ 390.214, con bono incluido, aquellos que no cuentan con ayuda familiar o ahorros, ese dinero apenas cubrió la tercera parte del costo de una canasta básica que releva la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que en octubre alcanza los $ 1.514.074.

 

La misma situación atraviesan los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y los que perciben Pensiones No Contributivas (PNC), que el mes pasado cobraron $326.222, con el bono de $70.000 incluido.

Sin importar el estado físico, psicológico o de salud en que transiten esa etapa de la vida, no tienen otra opción que continuar trabajando, aunque sea en modo precario, para poder afrontar los principales gastos estimados por la canasta básica de Defensoría de la Tercera Edad porteña: $402.880 para medicamentos, $ 348.000 para alimentación y $ 107.444 para  limpieza. Para aquellos que no tienen vivienda, la estadística les asigna un costo adicional de $294.000.