La Justicia rechazó este jueves la presentación de la abogada Florencia Arietto, respaldada por la fiscal Celsa Ramirez, para bloquear el acceso a la plataforma "Mapa de la Policía", impulsado por la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández, por considerarlo un "abuso a la autoridad". "No hacer lugar a bloqueo de página web por inexistencia de delito", sostiene el fallo que determinó Pablo Casas, juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

El "Mapa de la Policía" que fue puesto en funcionamiento recientemente, está a cargo de un grupo de organizaciones sociales y políticas y tiene el objetivo de recibir casos de violencia institucional y transparentar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

La iniciativa también fue impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la revista Crisis, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Equipo de Investigación Política, la Asociación Contra la Violencia Institucional, el portal Grito del Sur y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.

 

Cuáles fueron las causas por las que querían bloquar el "Mapa de la Policía"

De acuerdo a lo divulgado por el sitio iJudicial, Arietto solicitó que se ordene al servidor que aloja la página bloquear el acceso al dominio al considerar que "Ofelia Fernández había incurrido en el delito de abuso de autoridad al crear una web con la intención de obtener datos sensibles y privados, con meros fines estadísticos". Y agregó que "el dato estadístico podría ser obtenido utilizando las herramientas legales correspondientes, como ser un pedido de acceso a la información pública".

Por su parte, la legisladora porteña, impulsora de la propuesta, opinó que era "ridículo" querer bloquear la página ya que consideró que se trata de "una plataforma sumamente democrática que no representa ningún tipo de abuso, sino que pretende detectar abusos de autoridad verdaderos y darle algún tipo de marco".

Qué resolvió el juez respecto al "Mapa de la Policía"

No obstante, para el juez "no se puede sostener razonablemente que una iniciativa orientada a revelar y publicar información pública, a partir del aporte voluntario, libre e informado que decidan realizar las personas damnificadas o eventuales testigos, pueda de algún modo comprometer investigaciones judiciales y/o actuaciones administrativas referidas a hechos de violencia institucional".

"La finalidad es precisamente la contraria: contribuir al mejor y más eficaz seguimiento de esta clase de ilícitos, y favorecer el mejor funcionamiento de la institución policial", precisó en un extenso escrito. "En la medida que el sitio web https://www.mapadelapolicia.com/ tiende a la defensa y promoción de derechos individuales, como de otros bienes jurídicos supraindividuales vinculados con el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de los actos de las personas encargadas de ejercer la función pública, mal podría implicar al mismo tiempo la comisión de un delito contra los aludidos bienes jurídicos", señaló Casas.

En su fallo, Casas agregó que en un contexto en el que denunciar esta clase de hechos genera temor a la ciudadanía, se produce una "cifra negra" de criminalidad. En consecuencia, evaluó que el Mapa tiene "la potencialidad de contribuir a completar la información de los organismos públicos, proporcionando una estimación de los delitos no denunciados y aportando una herramienta de diagnóstico para evaluar el vínculo entre la ciudadanía y el sistema de seguridad pública".

Cuál es la función del Mapa de la Policía

El "Mapa de la Policía" se lanzó oficialmente el 12 de julio pasado como un sitio web para identificar situaciones de violencia institucional en el distrito y para "contrarrestar la opacidad oficial" respecto de la información sobre agentes, entidades y comisarías de la fuerza que actúan en el ámbito porteño.

¿Qué puede apreciarse? El sitio web puede verse desde cualquier dispositivo y muestra las comisarías de todas las comunas porteñas, el organigrama de la Policía de la Ciudad y su funcionamiento. También se puede acceder a los casos de "gatillo fácil" ocurridos en cada jurisdicción.