Representantes de distintos sectores inmobiliarios llevaron adelante un nuevo pedido para modificar dos artículos claves de la Ley de Alquileres, en el contexto de una crisis habitacional con poca oferta de departamentos y elevados precios que los inquilinos deben afrontar.

De esta manera, los encargados de llevar adelante la solicitud fueron los titulares de diversos sectores vinculados al rubro, como la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI).

En medio del debate por la Ley 27.551que lleva tres años desde su aprobación, con legisladores opositores que buscan derogar y que del lado del oficialismo se resisten a discutir tal petitorio, desde el sector inmobiliario plantean alterar un artículo vinculado a la duración y otro sobre la regulación de los precios.

En ese marco, y según un informe establecido por la CIA, las entidades vinculadas a la construcción y comercialización de viviendas buscarán acelerar un cambio en el mercado de las locaciones.

Respecto al plazo de duración de los contratos, desde la entidad anteriormente mencionada plantean la reducción a dos años como plazo legal mínimo. "El precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual pueden realizarse ajustes como mínimo cuatrimestrales", menciona el informe plasmado en el sitio web de la CIA.

La justificación para modificar el estatuto parte de que para los inquilinos "es un período muy extenso en un contexto inflacionario desequilibrado", la cual genera "una gran presión en el valor locativo inicial" y con una "aceleración de precios".

 

En esa línea, desde los sectores insisten que hoy en día existe la "retracción de la oferta y una suba de precio muy abrupta al momento de aplicar el índice de actualización contemplado en la ley, llegando a más del 100% anual, generando insatisfacción y perjuicio patrimonial para ambas partes contratantes y llevando al límite de la imposibilidad de su cumplimiento".

Además, la CIA comunicó que la medida también serviría para apuntar a los dueños de los inmuebles que "impulsen a aumentar la oferta locativa".

En cuanto a la regulación de los precios, el pedido parte por modificar la "fórmula de ajuste de las locaciones", y que se llegue a revisar con una referencia del índice conformado por partes iguales de las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Párrafo aparte, desde el sector plantean que se tomen las medidas necesarias para "fomentar la construcción, refacción, remodelación o inversión en unidades habitacionales nuevas o usadas para ser destinadas al mercado de alquiler de vivienda".

Con el pedido destinado a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, la oposición pidió que la ley sea debatida el próximo 23 de agosto, posterior a las elecciones PASO, y de esta manera se buscará el dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas para discutir la norma con vigencia desde julio de 2020.