Por Juan Bernardo Domínguez@juanbjd

Un cliente hace rentable un negocio con sus compras de productos o pagos de servicios, al tiempo que permite que una empresa crezca, se mantenga y se desarrolle. Sin embargo, no siempre se le da la importancia que merece y, por el contrario, en muchas situaciones, se vulneran sus derechos.

Además del reclamo directo a una compañía y en las instancias estatales en la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y los municipios, las personas que entienden que fueron violados en sus derechos pueden acudir a asociaciones civiles de defensa de los consumidores.

Crónica.com.ar habló este jueves con representantes de algunas de esas agrupaciones en procura de conocer cuáles son los reclamos más frecuentes en la actualidad.

“Casi todas las quejas pasan hoy por la cuestión tarifaria, sobre todo de gas y energía eléctrica por tarifas que se dispararon tres o cuatro veces lo que se venía pagando”, dijo a este medio el abogado Claudio Boada, presidente a nivel nacional de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUYC).

El letrado amplió: “Hay facturas súper excesivas de gente que pasa de pagar $10.000 a $90.000, de $15.000 a $80.000”. 

A su turno, coincidió el presidente de Arco de Acción Ciudadana, Emanuel Akiki. “Sí, las quejas por los servicios de gas y luz están en el ‘top ten’”.

En la misma línea, se manifestó María Fernanda Lacey, abogada especializada en defensa del consumidor e integrante de la comisión directiva de la UUYC. “En estos últimos dos meses, la principal consulta, el principal reclamo, estuvo relacionado con las tarifas; fundamentalmente luz y gas”, dijo. La letrada contó que “a mucha gente le pasó que se le duplicó y, en algunos casos, se le triplicó”.

A fines de mayo último, el Gobierno nacional puso en marcha un “período de transición” para implementar un nuevo régimen de tarifas, con el objetivo de reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas, mediante el decreto 465/2024, publicado en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Energía avanzó así con una política de disminución de los aportes estatales para los hogares Nivel 2 (N2, ingresos bajos) y Nivel 3 (N3, ingresos medios).

“Con el tema del subsidio al gas natural y a la energía eléctrica, el gran problema radica en que se subsidia solamente una parte. Si ya tenías el subsidio, solamente era hasta determinado consumo y, excediendo ese consumo, te aplicaban una tarifa normal, por la cual se encarecía un 600% el servicio”, expresó este jueves Akiki en diálogo con crónica.com.ar. 

Además, sostuvo que para los usuarios fue “muy engorroso reempadronarse a través de las distintas plataformas, ya que no fueron 100% efectivas, y es muy difícil la lectura en cuanto a la factura”.

Por su parte, coincidió Lacey. “Hay mucha confusión, mucha incertidumbre. La gente no termina de entender bien todo el tema de la segmentación tarifaria, la segmentación vinculada al tema de los ingresos familiares; ni la recategorización que sucede cuando consumen más, que pasan de R1 a R5 de un mes a otro. Eso es lo que más se consulta y se reclama”, sostuvo.

Por otra parte, Akiki denunció que "las empresas de los servicios de gas, luz y agua, al ver que muchas personas no pueden pagar la prestación del servicio, tratan de generar un ingreso extra, entre comillas ‘extra’, porque ponen en la factura un cargo indebido”.

El especialista en defensa del consumidor aseguró que las compañías “colocan en la factura que un usuario debe $500.000, $1.000.000 y hasta $2.000.000”, al tiempo que dijo que lo realizan de manera abrupta, “de un tirón”. Precisó que las empresas "argumentan que es una deuda de hace cinco, seis, ocho o diez años”.

Akiki consideró que “estas conductas responden a su desfinanciamiento”, pero aclaró que “no corresponden porque las deudas de servicios prescriben a los dos años”.

Akiki detalló que otras quejas de los consumidores se centran en las tarjetas de crédito, a raíz de “cargos abusivos interpuestos arbitrariamente”. En relación a las billeteras virtuales, los usuarios protestan por “falta de herramientas para prevenir los ciberdelitos”, precisó.

El especialista, en relación a los bancos, destacó cobros indebidos en el mantenimiento de cajas de ahorro que deben ser gratuitas, según la normativa vigente. Con respecto a los planes de ahorro, detectó “cobros de alícuotas no pactadas” y, en relación a préstamos mediante plataformas digitales, “alta tasa de intereses que, en muchos casos, roza la estafa”.

Por último, Akiki advirtió que algunas prepagas incumplen las prestaciones establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).