El gendarme Nahuel Gallo declaró este jueves ante la Justicia Federal. En su declaración, denunció haber sido víctima de torturas durante su detención de 448 días en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Se trata de la primera instancia en la que el efectivo brinda un relato oficial ante tribunales sobre el calvario que vivió en una cárcel venezolana. 

Gallo manifestó que, a pesar del impacto psicológico que conlleva rememorar los sucesos tras su arresto el 8 de diciembre de 2024, su objetivo es evitar que los hechos permanezcan impunes.

Durante su testimonio, el gendarme señaló que las torturas son parte de una práctica sistemática que continúa vigente en el país caribeño. 

Su declaración fue anexada al expediente que se tramita en Argentina contra Maduro y diversos funcionarios de alto rango del gobierno venezolano. 

En este marco, Gallo solicitó el 17 de abril pasado ser admitido bajo la figura de víctima directa. La denuncia detalla que, a lo largo de su cautiverio, el gendarme careció de asistencia legal y de contacto con autoridades consulares argentinas.

Asimismo, el afectado afirmó que en ningún momento se le notificaron los cargos o los motivos legales que provocaron su detención. 

Gallo recuperó su libertad el 2 de marzo de 2026, fecha en la que pudo concretar su retorno a la Argentina en un avión gestionado por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Tras su liberación, el Gobierno nacional calificó el episodio como una violación grave a los tratados internacionales de derechos humanos. 

El proceso judicial del que ahora forma parte el gendarme con su testimonio, se enmarca en el principio de jurisdicción universal, una norma del derecho internacional que faculta a los tribunales de un Estado a investigar delitos de extrema gravedad, independientemente del lugar donde ocurrieron. 

El juez federal Sebastián Ramos -a cargo de la investigación- solicitó varias medidas de prueba al considerar que la declaración de Gallo es un elemento sustancial para la causa. 

Recientemente, la Cámara Federal porteña resolvió unificar la investigación de la detención de Gallo con la causa principal por crímenes de lesa humanidad que rige contra el Gobierno venezolano.

La decisión fue refrendada por el camarista Mariano Llorens, quien determinó que los hechos denunciados se integran en un aparato represivo estatal y como parte de un plan sistemático de persecución política que dataría, al menos, desde el año 2014. 

La investigación ya derivó en la emisión de órdenes de captura internacional contra Maduro y otros funcionarios venezolanos.