El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, anunció este lunes el inicio formal del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA, la empresa pública que administra más de 6.000 kilómetros de rutas, equivalentes a un tercio del tráfico de la red troncal nacional.

La medida quedó establecido mediante la publicación de la publicación de la Resolución 1284/2025 en el Boletín Oficial. “Iníciase el proceso de privatización de Corredores Viales SA en los términos del decreto 97 del 14 de febrero de 2025”, indica el artículo 1 de la normativa. Ley 27.742, conocida como la Ley Bases, que declaró sujeta a privatización a Corredores Viales SA, y en la reglamentación establecida por los decretos 695/2024 y 97/2025.

Según el texto oficial, el procedimiento quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía, con la intervención de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

En ese sentido, la normativa destaca que el objetivo es la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes, la concesión de los corredores viales a nuevos operadores privados y la posterior disolución y liquidación de la empresa estatal, siguiendo de esta forma lo dispuesto en la Ley 27.742, conocida como la Ley Bases.

En tanto, se instruye a la Secretaría de Transporte a realizar el inventario de los bienes que la empresa debe reintegrar al Ministerio de Economía y elaborar los documentos necesarios para la extinción de los contratos de concesión. Además, deberá proponer la nueva conformación de los tramos de la red vial nacional, efectuar relevamientos sobre el estado de los tramos y de las obras de infraestructura, y solicitar la rescisión de contratos que no se consideren prioritarios.

De este modo, el procedimiento de licitación y adjudicación de los nuevos contratos de concesión se llevará a cabo mediante la plataforma digital CONTRAT.AR. Asimismo, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” se encargará de la coordinación de las medidas necesarias para cumplir con el cronograma de privatización.

Por su parte, en la disposición se especifica que el Tribunal de Tasaciones de la Nación o un organismo del sector público nacional tendrán que realizar la solicitud de la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de la concesión de obra pública por peaje, así como la tasación de los bienes de Corredores Viales SA.

Según la disposición, el proceso se llevará a cabo por un plazo de doce meses desde la entrada en vigencia de la medida para la concesión de los tramos de la red vial nacional y la posterior disolución y liquidación de la empresa.

Por último, la Secretaría de Transporte “deberá elaborar y tramitar la documentación licitatoria, técnica y contractual, la que deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Agencia de Transformación de Empresas Públicas’, pudiendo solicitar la colaboración técnica y operativa de Corredores Viales SA”.