El Gobierno anunció un nuevo avance con la privatización de Corredores Viales: autorizan la Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la operación y el mantenimiento de cuatro grandes corredores de la Red Vial Nacional.

La medida fue formalizada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1843/2025. Esta licitación forma parte de la Etapa II del proyecto “Red Federal de Concesiones”, un esquema que busca transferir al sector privado la gestión de rutas nacionales mediante el régimen de concesión por peaje, previsto en la Ley 17.520 y en el marco del proceso de privatización autorizado previamente por el DNU 97/2025.

En la normativa, la Secretaría de Transporte propuso cuatro corredores estratégicos para esta etapa, que incluyen rutas y autopistas clave para la conectividad del país: Tramo Sur, Tramo Atlántico, Acceso Sur y Pampa. Estas trazas abarcan parte de las rutas nacionales 3, 205, 226 y A-005, además de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, la Autopista Riccheri y la Autopista Jorge Newbery.

En tanto, el Ministerio de Economía aprobó todos los pliegos y documentos técnicos necesarios para avanzar con el proceso, incluyendo bases y condiciones generales y particulares, formularios de cotización, especificaciones técnicas, modelo de contrato y reglamentos de explotación, infracciones y sanciones.

En la disposición, se dispuso la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, la cual estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, encargada de analizar las propuestas y recomendar adjudicaciones.

Toda la documentación podrá descargarse desde el portal CONTRAT.AR, donde también se realizarán las consultas y presentaciones de ofertas. Cómo sigue el proceso, las fechas claves y el llamado a licitación tienen un cronograma preciso:

• Consultas a los pliegos: hasta el 21 de enero de 2026
• Presentación de ofertas: hasta el 6 de febrero de 2026 a las 12:00
• Apertura de sobres: el 6 de febrero de 2026 a las 13:00, a través de un acto público virtual en la misma plataforma

Por último, a través de esta medida, el Gobierno avanza hacia la segunda fase del esquema de concesiones viales, que busca —según los fundamentos oficiales— equilibrar las cuentas del Estado y reducir el déficit mediante la participación privada en la explotación de rutas nacionales.