La Cámara Penal Económico rechazó una nueva solicitud de recusación interpuesta por la defensa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y ratificó la continuidad del juez federal Diego Amarante al frente de la investigación penal que salpica a las máximas autoridades de la institución deportiva.

Los magistrados de la Cámara determinaron que los argumentos presentados por los abogados del dirigente no logran demostrar una "enemistad manifiesta" ni una pérdida de objetividad por parte del titular del juzgado. 

El dictamen judicial subraya la total ausencia de pruebas sólidas que fundamenten una supuesta animosidad o persecución dirigida específicamente contra el imputado en el marco del proceso.

Para sostener su reclamo, la defensa de Toviggino había aportado una serie de publicaciones en medios de comunicación con información sobre su entorno cercano, alegando que el magistrado formaba parte de una campaña en su contra. Sin embargo, el tribunal desestimó el valor legal de dichas notas periodísticas y sepultó la estrategia de la dirigencia del fútbol local orientada a desplazar al juez del expediente.

El proceso penal en el fuero Penal Económico comenzó con una fuerte sacudida institucional antes de apuntar de forma directa hacia la figura de Toviggino. En las instancias iniciales de la causa, el juez Amarante dictó el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, junto a otros directivos de peso de la asociación.

A los altos mandos de la entidad se los investiga por la presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos correspondientes a los trabajadores del organismo. De acuerdo con las estimaciones de los peritos judiciales que constan en las actas del caso, el monto global de la supuesta maniobra delictiva supera los 19.300 millones de pesos.

Luego se le sumó una ampliación formal de la denuncia promovida por las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los inspectores estatales detectaron el presunto uso de facturación apócrifa por una suma mayor a los 900 millones de pesos, mecanismo que habría sido utilizado para consolidar la evasión fiscal.