La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. El juez federal de Zárate, Adrián González Charvay, solicitó peritajes contables y tasaciones sobre una serie de propiedades y empresas vinculadas al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La medida judicial alcanza además a sociedades consideradas "satélite" de la AFA, sospechadas de haber sido utilizadas para canalizar fondos de origen presuntamente irregular. Entre ellas aparece Real Central SRL, firma que figura en distintas operaciones inmobiliarias investigadas por la Justicia. También existen informes financieros sobre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su entorno cercano.

Uno de los ejes principales de la causa es una mansión ubicada en Pilar, valuada en más de 20 millones de dólares y atribuida a Toviggino. Mientras la Cámara en lo Penal Económico define qué magistrado quedará definitivamente a cargo del expediente, González Charvay avanzó con pedidos de tasación sobre distintos inmuebles y terrenos vinculados a los investigados.

Entre los bienes bajo análisis aparecen dos viviendas en el barrio privado Ayres Plaza adquiridas por Real Central SRL en septiembre de 2024. 

Según la hipótesis judicial, las expensas de esas propiedades habrían sido abonadas mediante una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro de Toviggino. Además, la investigación incluye terrenos en Pilar y parcelas en el barrio cerrado Estación Río Luján, en Campana, relacionadas con Claudio Tapia.

La lista de propiedades investigadas se amplió recientemente con tres departamentos ubicados en un edificio de la calle Pampa al 1900, en el barrio porteño de Belgrano, adquiridos por Real Central SRL durante 2024. La Justicia intenta determinar quiénes participaron en cada operación inmobiliaria y el origen de los fondos utilizados para concretarlas.

En tanto, para los investigadores las empresas vinculadas a Toviggino no tendrían capacidad económica suficiente para justificar el patrimonio acumulado. Por ese motivo, la sospecha apunta a un posible desvío de dinero proveniente de la AFA hacia sociedades privadas utilizadas para adquirir bienes de alto valor.

En paralelo, la causa también incluye una investigación sobre el uso de tarjetas corporativas de la AFA para afrontar gastos personales, como expensas y seguros de vehículos. 

A eso se suman presuntas facturas apócrifas por supuestos servicios inexistentes por alrededor de 900 millones de pesos, una maniobra denunciada recientemente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que profundizó el escándalo judicial alrededor de la conducción del fútbol argentino.